La Corte Suprema anuló este viernes una prohibición federal de los aceleradores de disparos aprobada por el expresidente Donald Trump, el último golpe del alto tribunal que limita el poder de las agencias federales para actuar por su cuenta.
El juez Clarence Thomas escribió la opinión para un tribunal de 6-3. El ala liberal del tribunal, liderada por la jueza Sonia Sotomayor, disintió.
Trump había impulsado la prohibición en respuesta al tiroteo masivo de 2017 en el que murieron 58 personas en un festival de música al aire libre en Las Vegas. Los aceleradores de disparos permiten a un atacante convertir un rifle semiautomático en un arma que puede disparar a una velocidad de cientos de disparos por minuto.
«Un acelerador de disparos no convierte un rifle semiautomático en una ametralladora más de lo que lo hace un atacante con un dedo en el gatillo que dispara a la velocidad del rayo», escribió Thomas en su opinión. «Incluso con un acelerador de disparos, un rifle semiautomático disparará sólo un tiro por cada ‘función del gatillo'».
La prohibición fue desafiada por el propietario de una tienda de armas de Texas, Michael Cargill, quien compró dos de los dispositivos en 2018, los entregó al gobierno después de que se implementó la prohibición y luego demandó rápidamente para recuperarlos. La norma federal convertía la posesión de un acelerador de disparos en un delito penado con hasta 10 años de cárcel.
Aunque el caso no se basaba en la Segunda Enmienda, devolvió el debate sobre las armas a la agenda del tribunal en una de las controversias más seguidas este año. En ese sentido, la decisión fue la última del alto tribunal en ponerse del lado de los grupos defensores de los derechos de las armas.
Sotomayor lee su opinión desde el banquillo
Sotomayor escribió en una mordaz disidencia, a la que se unieron las otras dos juezas liberales del tribunal, que el fallo de la mayoría «tendrá consecuencias mortales».
La decisión, escribió, «obstaculiza los esfuerzos del Gobierno para mantener las ametralladoras alejadas de individuos armados como el atacante de Las Vegas».
En un movimiento que subraya el descontento de Sotomayor con el fallo del tribunal, la jueza dio el raro paso de leer su disidencia desde el estrado el viernes.
«Cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato», escribió Sotomayor en su voto particular. «Un rifle semiautomático equipado con un acelerador de disparos dispara ‘automáticamente más de un tiro, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo’. Como yo, al igual que el Congreso, llamo a eso una ametralladora, disiento respetuosamente».
De Capone a la Corte Suprema
La impugnación del acelerador de disparos estaba vinculada indirectamente a una ley de control de armas que el Congreso promulgó en la década de 1930 con la intención de perseguir a mafiosos como Al Capone y John Dillinger.
En respuesta a crímenes espeluznantes en los que se utilizaban ametralladoras para robar bancos o tender emboscadas a la policía, los legisladores exigieron a los propietarios que registraran esas armas.
La ley se modificó varias veces y, en 1986, prohibía a los estadounidenses transferir o poseer una ametralladora en la mayoría de los casos. Es importante destacar que la ley modificada definía «ametralladora» como un arma que dispara más de una bala con «un solo accionamiento del gatillo». Lo que, precisamente, significaba esa frase fue el foco de la apelación.
Tanto el Gobierno de Trump como el de Biden, así como los grupos de control de armas, dijeron que la forma en que funcionan los aceleradores de disparos significa que califican como ametralladoras. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reclasificó los dispositivos como ametralladoras en 2018 y, basándose en la ley anterior, prohibió a las personas comprarlos o poseerlos.
Trump describió los aceleradores de disparos en ese momento como la conversión de «armas legales en máquinas ilegales».
La ATF estimó que se vendieron hasta 520.000 aceleradores de disparos entre 2010 y 2018. El dispositivo sustituye a la culata normal de un rifle semiautomático, la parte de un arma que se apoya contra el hombro. Permite a los atacantes utilizar el retroceso del arma para imitar el disparo automático si mantienen el dedo del gatillo en su lugar.
Los opositores afirman que la ATF se extralimitó en sus funciones con la reclasificación. Señalan que la agencia, tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos, ha afirmado durante mucho tiempo que estos dispositivos no están cubiertos por la ley.
Un tribunal de distrito de EE.UU. en Texas y un panel de tres jueces del conservador 5º Circuito de Apelaciones de EE.UU. se pusieron del lado del Departamento de Justicia. Pero el 5º Circuito en pleno reconsideró el caso y emitió el año pasado un dictamen dividido que se alineaba con Cargill.
El tribunal pareció dividido durante los alegatos orales a finales de febrero. Varios de los conservadores del tribunal estaban preocupados, en particular, con la idea de que los estadounidenses que compraron aceleradores de disparos cuando no estaban clasificados como ametralladoras de repente podrían ser procesados por un delito del que no eran conscientes.
Al juez Brett Kavanaugh le preocupaba que la criminalización del dispositivo » tendiera una trampa» a los estadounidenses.
«Incluso si no eres consciente de la prohibición legal, puedes ser condenado», dijo Kavanaugh al abogado que representaba al gobierno de Biden. «Eso va a atrapar a mucha gente que no es consciente de la prohibición legal».
Otro tema central de los argumentos fue la cuestión de si el Congreso -en lugar de la ATF- debería haber aprobado la prohibición. Se trata de una cuestión que ha surgido como tema central en la Corte Suprema en los últimos años, con grupos que impugnan regulaciones financieras y medioambientales en casos separados.
El Tribunal, por su parte, se ha puesto repetidamente del lado de algunos de los mismos grupos de defensa de los derechos de las armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle, que se opusieron a la prohibición de los aceleradores de disparos. Más recientemente, la mayoría conservadora del tribunal invalidó una ley del estado de Nueva York que exigía a los residentes del estado una justificación especial para llevar un arma fuera de casa.
Thomas incluye gráficos sobre el funcionamiento de los aceleradores de disparos
En una opinión que refleja la naturaleza técnica del caso y los argumentos orales de febrero, la opinión de Thomas profundiza en la mecánica de los rifles semiautomáticos, incluso con una serie de gráficos que demuestran lo que sucede cuando se presionan los gatillos.
«Disparar varias veces con un rifle semiautomático dotado de un acelerador de disparos requiere algo más que una sola pulsación del gatillo», escribió Thomas, subrayando la idea de que estos dispositivos no son lo mismo que un arma automática en la que el atacante simplemente mantiene apretado el gatillo.
«Demasiada presión hacia adelante y el rifle no se deslizará hacia atrás lo suficiente como para liberar y restablecer el gatillo, impidiendo que el rifle dispare otro tiro. Si la presión es demasiado baja, el gatillo no golpeará el dedo del atacante con la fuerza suficiente para efectuar otro disparo», escribió Thomas. «Sin esta continua intervención manual, un rifle semiautomático con un acelerador de disparos no efectuará disparos múltiples. Por lo tanto, disparar varios tiros requiere accionar el gatillo una vez, y algo más».
Biden pide al Congreso que prohíba los aceleradores de disparos
El presidente Joe Biden pidió este viernes al Congreso que tome medidas para eliminar los aceleradores de disparos después de que la Corte Suprema anulara una prohibición de la era Trump sobre ellos.
«Pido al Congreso que prohíba los aceleradores de disparos, apruebe una prohibición de las armas de asalto y tome medidas adicionales para salvar vidas: envíenme un proyecto de ley y lo firmaré de inmediato», dijo Biden.
Biden dijo que la decisión del viernes del tribunal «echa por tierra una importante regulación sobre la seguridad de las armas. Los estadounidenses no deberían tener que vivir con miedo a esta devastación masiva».
Grupos de control de armas denuncian una «decisión vergonzosa»
Varios grupos de defensa del control de armas argumentaron este viernes que el fallo del tribunal tendrá un impacto peligroso en un país constantemente sacudido por la violencia armada.
«Hemos visto cómo los aceleradores de disparos causan una inmensa destrucción y violencia», dijo Esther Sánchez-Gómez, abogada del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. «El Congreso debe actuar para deshacer el daño y dejar claro que los aceleradores de disparos, y todos los dispositivos de conversión automática, son ilegales según la ley federal».
El grupo pro seguridad de las armas Brady United denunció de forma similar la sentencia, diciendo en un comunicado en X: «Los aceleradores de disparos esencialmente convierten las armas semiautomáticas en ametralladoras. Las armas de guerra no deberían tener cabida en nuestras comunidades».
Y Everytown for Gun Safety argumentó que el alto tribunal «ha puesto incontables vidas en peligro». El grupo dijo en un comunicado que los legisladores en Washington «pueden y deben corregir este error mortal.»
Los grupos que se opusieron a la prohibición argumentaron que el gobierno federal nunca tuvo el poder de prohibir los dispositivos sin la aprobación del Congreso.
Randy Kozuch, el jefe del brazo legislativo de la Asociación Nacional del Rifle, dijo el viernes que el tribunal «ha restringido adecuadamente las agencias del poder ejecutivo a su papel de hacer cumplir, y no hacer, la ley.»
Mark Chenoweth, presidente de la New Civil Liberties Alliance, el grupo que representó a Cargill, también aplaudió la decisión.
«El estatuto que aprobó el Congreso no prohibía los aceleradores de disparos, y la ATF no tiene potestad para hacerlo por su cuenta», dijo Chenoweth. «Este resultado es totalmente coherente con la asignación constitucional de todo el poder legislativo al Congreso. Los que se oponen a los aceleradores de disparos deberían dirigir sus opiniones al Congreso, no al Tribunal, que aplicó fielmente la ley que tenía ante sí».
