Este jueves, Donald Trump y el fiscal especial Jack Smith tendrán la oportunidad de debatir en la Corte el argumento legal más citado de Trump en el caso de documentos clasificados en su contra: si como presidente, se le permitía mantener cualquier documento que quisiera.
El equipo legal de Trump argumentó en varios documentos judiciales que los cargos contra el expresidente deberían ser desestimados porque, según ellos, Trump tenía autoridad ilimitada como presidente para decidir qué documentos de su tiempo en la Casa Blanca podía conservar como registros personales.
La jueza Aileen Cannon, quien supervisa el caso, destinó un día entero para escuchar argumentos sobre si la acusación debería ser desestimada basándose en las afirmaciones de Trump sobre sus poderes de clasificación presidencial.
La audiencia se produce en un momento crucial en el caso. En los próximos días y semanas, Cannon podría decidir sobre varios temas importantes, incluida la fijación de una nueva fecha de juicio, y si se llevará a cabo antes de las elecciones de noviembre, así como si Trump tendrá una audiencia probatoria sobre el descubrimiento adicional que desea en el caso del Gobierno del presidente Joe Biden, el FBI y más.
Trump enfrenta decenas de cargos relacionados con su presunto manejo indebido de documentos clasificados y por obstaculizar la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. Se ha declarado inocente.
Esta imagen, parte de una presentación judicial del Departamento de Justicia de EE.UU. el 30 de agosto de 2022, muestra una foto de los documentos incautados durante la búsqueda del 8 de agosto por parte del FBI de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. (Crédito: Departamento de Justicia de EE.UU.)
La cuestión de la autoridad presidencial sobre documentos clasificados es una de varias que el equipo de Trump planteó en sus mociones para desechar el caso en su contra.
Como presidente, argumentan los abogados de la defensa, Trump era el principal oficial de clasificación y podía marcar cualquier documento como «personal» y legalmente llevar esos documentos consigo cuando dejara el cargo.
Sus argumentos citan la Ley de Registros Presidenciales, la ley federal que rige cómo se manejan los documentos de un mandato presidencial saliente. La ley dice que en el momento en que un presidente deja el cargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros obtiene la custodia y el control de todos los registros presidenciales de su gobierno.
Los registros personales se describen en la Ley de Registros Presidenciales como cosas como notas personales, materiales relacionados con asociaciones políticas privadas o materiales relacionados exclusivamente con la elección del presidente a la Casa Blanca.
En la campaña electoral, Trump frecuentemente argumenta que se le permitió llevar documentos consigo después de dejar el Salón Oval, afirmando repetidamente que no infringió la ley porque podía manejar los registros de su presidencia como mejor le pareciera.
Trump ha afirmado que estaba «cubierto y protegido por la Ley de Registros Presidenciales», y que estaba «supuestamente negociando, se supone que estoy tratando» con los Archivos Nacionales sobre qué documentos debían ser devueltos.
Sin embargo, varios expertos legales sostienen que Trump estaba tergiversando la ley. La oficina del fiscal especial argumentó que la ley no le otorga al presidente la capacidad de cambiar las designaciones de clasificación simplemente moviendo los documentos.
«Su afirmación de que obviamente los registros presidenciales, documentos gubernamentales altamente sensibles con marcas de clasificación que fueron presentados a Trump durante su mandato, pueden transformarse en registros ‘personales’ mediante la alquimia de sacarlos de la Casa Blanca es falsa», escribió la oficina del fiscal especial en un documento judicial
