Un juez federal expresó el jueves su preocupación y escepticismo sobre una controvertida ley que convierte en delito estatal la entrada ilegal en Texas, mientras escuchaba los argumentos orales sobre una moción para una orden judicial preliminar que bloquee la normativa.
La medida SB4, que entrará en vigor el 5 de marzo, otorga a las fuerzas del orden locales y estatales la facultad de detener a los inmigrantes, y a los jueces estatales la facultad de dictar órdenes para expulsarlos a México. El Departamento de Justicia demandó al estado, alegando que el gobierno federal tiene autoridad exclusiva para hacer cumplir la ley de inmigración.
El juez de distrito estadounidense David Ezra subrayó que comprendía las preocupaciones del estado por la complicada situación en la frontera y los problemas que aquejan al sistema de inmigración del país, dejando claro que hay que hacer algo para mejorar las leyes de inmigración de la nación. También agregó que ha servido como juez federal en varias ciudades a lo largo de la frontera, incluyendo San Diego y Del Rio.
Pero Ezra no tuvo reparos en criticar el proyecto de ley aprobado por la asamblea legislativa del estado el año pasado y plenamente respaldado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Grupos de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes que también forman parte de la demanda han advertido de que el proyecto de ley separará a las familias, dará lugar a la elaboración de perfiles raciales y hará que los inmigrantes indocumentados que ya están en EE.UU. tengan miedo de denunciar delitos.
Juez rechaza la noción de «invasión» que plantea Texas
Ezra cuestionó duramente varias disposiciones de la ley y rechazó de plano el argumento del estado de que se estaba produciendo una «invasión» en la frontera entre Texas y México.
El estado argumentó en la sala de Austin que la SB4 es complementaria y no está en conflicto con la ley federal y que Texas tiene «derecho a defenderse de una invasión», especialmente de lo que llamó una «invasión a gran escala de los cárteles criminales transnacionales».
Aunque reconoció el papel que desempeñan los cárteles en la crisis fronteriza, Ezra rechazó la idea de que la afluencia de inmigrantes constituya una «invasión».
«Realmente no veo ninguna evidencia de que Texas esté en guerra», dijo, aunque agregó que el estado está «definitivamente bajo presión».
Ezra también especuló que si dictaminara que la SB4 estaba «perfectamente bien», podría encender un efecto dominó de otros estados creando sus propias interpretaciones de la ley federal de inmigración, una situación que describió como una «pesadilla».
La evolución en las leyes de inmigración
Ryan Walters, abogado de la oficina del fiscal general de Texas, señaló que los estados a lo largo de la frontera aplicaban en gran medida sus propias leyes de inmigración y deportaban a los inmigrantes hasta finales del siglo XIX.
Ezra replicó que como los estados «hacían lo suyo», el Congreso intervino y creó una ley unificada sobre quién puede entrar en el país. Ezra dijo que la ley aún necesita más trabajo, «pero eso no significa que la ley que tenemos no sea aplicable».
Además dijo que las disposiciones vinculadas a la expulsión de inmigrantes que contempla la legislación de Texas sobrecargarían a los jueces estatales con la toma de decisiones que normalmente son competencia de los jueces de inmigración. Le preocupaba que algunas partes de la ley confundieran a los jueces sobre si deben seguir los estatutos estatales o federales, especialmente cuando se trata de un inmigrante que está buscando asilo legalmente y al mismo tiempo se enfrenta a un enjuiciamiento por delito grave por parte del estado.
«Es un dilema de proporciones», dijo Ezra.
El estado argumentó que la detención de inmigrantes no es algo sin precedentes para el Estado, ya que ha estado deteniendo a inmigrantes por allanamiento de morada durante más de dos años.
Pero el juez argumentó que había una diferencia, diciendo que la SB4 «va mucho más allá de eso» al permitir que un juez ordene que un inmigrante sea expulsado una vez procesado.
Ezra dijo que fallaría «lo más rápido posible», asegurando a ambas partes que daría tiempo suficiente para que cualquiera presentara una apelación.
El juez dejó claro que no creía que el caso fuera a terminar pronto.
«No me sorprendería en absoluto que este caso llegara a la Corte Suprema», afirmó.
