Nashville. Atlanta. Orlando. Las Vegas. Newtown. Parkland. San Bernardino. Brooklyn. Buffalo. Uvalde. Kansas City. La violencia con armas de fuego omnipresente en Estados Unidos ha dejado pocos lugares ilesos a lo largo de las décadas. Aun así, muchos estadounidenses consideran sacrosanto su derecho a portar armas, consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Pero los críticos de la Segunda Enmienda dicen que ese derecho amenaza a otro: el derecho a la vida.
La relación de Estados Unidos con la posesión de armas es única, y su cultura armamentística es un caso atípico en el mundo.
A medida que el número de muertes relacionadas con las armas de fuego sigue aumentando cada día, he aquí un vistazo a la cultura de las armas en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo.
Hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS). Ninguna otra nación tiene más armas civiles que personas.
Las Islas Malvinas, un territorio británico en el suroeste del océano Atlántico conocido como Falklands, reclamado por Argentina y objeto de una guerra en 1982, albergan el segundo mayor arsenal de armas civiles per cápita del mundo. Sin embargo, con un número estimado de 62 armas por cada 100 personas, su tasa de posesión de armas es casi la mitad de la de Estados Unidos. Yemen, un país sumido en un conflicto de siete años, tiene la tercera tasa de posesión de armas más alta, con 53 armas por cada 100 personas.
Aunque el número exacto de armas de fuego de propiedad civil es difícil de calcular debido a diversos factores como las armas no registradas, el comercio ilegal y los conflictos mundiales, los investigadores de SAS estiman que los estadounidenses poseen 393 millones de los 857 millones de armas civiles disponibles, lo que supone alrededor del 46% del arsenal civil mundial.
Alrededor del 44% de los adultos estadounidenses viven en un hogar con un arma, y aproximadamente un tercio posee una personalmente, según una encuesta de Gallup de octubre de 2020.
Algunas naciones tienen una elevada posesión de armas debido a las existencias ilegales de conflictos pasados o a las laxas restricciones a la propiedad, pero EE.UU. es uno de los tres únicos países del mundo en los que la portación (o tenencia) de armas es un derecho constitucional, según Zachary Elkins, profesor asociado de Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y director del Proyecto de Constituciones Comparadas. Sin embargo, la tasa de posesión en los otros dos países, Guatemala y México, es casi una décima parte de la de Estados Unidos.
El debate sobre las armas en esos países está menos politizado, dijo Elkins. A diferencia de Estados Unidos, las constituciones de Guatemala y México facilitan la regulación, y los legisladores se sienten más cómodos restringiendo las armas, sobre todo por la preocupación que suscita el crimen organizado, dijo. En México, solo hay una tienda de armas en todo el país, y está controlada por el ejército.
En Estados Unidos, la fabricación de armas de fuego está en aumento, a medida que hay más estadounidenses comprando armas.
En 2018, los fabricantes de armas produjeron 9 millones de armas de fuego en el país, más del doble de la cantidad fabricada en 2008, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés). Más recientemente, enero de 2021 marcó el mayor aumento anual desde 2013 en las solicitudes de verificación de antecedentes federales necesarias para comprar un arma, un aumento de casi el 60% desde enero de 2020.
Y en marzo de 2021, el FBI informó de casi 4,7 millones de verificaciones de antecedentes, la mayor cantidad de cualquier mes desde que la agencia comenzó a llevar un registro hace más de 20 años. Dos millones de esas comprobaciones fueron para nuevas compras de armas, lo que lo convierte en el segundo mes más alto registrado para las ventas de armas de fuego, según la Federación Nacional de Deportes de Tiro, el grupo comercial de la industria de las armas de fuego que compara las cifras de comprobación de antecedentes del FBI con los datos de ventas reales para determinar sus cifras de ventas.
Casi un tercio de los adultos de EE.UU. cree que habría menos delitos si más personas tuvieran armas, según una encuesta de Pew de abril de 2021. Sin embargo, múltiples estudios demuestran que en los lugares en que la gente tiene fácil acceso a las armas de fuego, las muertes relacionadas con ellas tienden a ser más frecuentes, incluso por suicidio, homicidio y lesiones no intencionadas.
Por tanto, no es de extrañar que en Estados Unidos se produzcan más muertes por violencia armada que en cualquier otro país desarrollado per cápita. La tasa en Estados Unidos es ocho veces mayor que la de Canadá, que tiene la séptima tasa de posesión de armas más alta del mundo; 22 veces mayor que la de la Unión Europea y 23 veces mayor que la de Australia, según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de 2019.
La tasa de homicidios relacionados con armas de fuego en Washington, la más alta de cualquier estado o distrito de Estados Unidos, se acerca a los niveles de Brasil, que ocupa el sexto lugar en el mundo en cuanto a homicidios relacionados con armas de fuego, según las cifras del IHME.
A nivel mundial, los países de América Latina y el Caribe sufren las tasas más altas de homicidios con armas de fuego, con El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia y Honduras a la cabeza.
Las actividades de los cárteles de la droga y la presencia de armas de fuego procedentes de antiguos conflictos son factores que contribuyen, según el estudio 2018 Global Mortality From Firearms, 1990-2016.
Pero la violencia relacionada con las armas de fuego en América Latina y el Caribe también se ve exacerbada por las armas que provienen de Estados Unidos. Unas 200.000 armas de fuego procedentes de Estados Unidos cruzan la frontera de México cada año, según un informe de la oficina de rendición de cuentas del gobierno de EE.UU. de febrero de 2021, que cita al gobierno de México.
En 2019, alrededor del 68% de las armas de fuego incautadas por las fuerzas en México y enviadas a la ATF para su identificación fueron rastreadas hasta Estados Unidos. Y alrededor de la mitad de las armas que la ATF revisó después de haber sido incautadas en Belice, El Salvador, Honduras y Panamá fueron fabricadas o importadas oficialmente a Estados Unidos.
Aunque la seguridad personal encabeza la lista de razones por las que los estadounidenses propietarios de armas dicen poseer un arma de fuego, el 63% de las muertes relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos son autoinfligidas.
Más de 23.000 estadounidenses murieron por heridas de bala autoinfligidas en 2019. Esa cifra representa el 44% de los suicidios con armas de fuego a nivel global y deja muy atrás los totales de suicidios en cualquier otro país del mundo.
Con seis suicidios por arma de fuego por cada 100.000 personas, la tasa de suicidio de Estados Unidos es, en promedio, siete veces mayor que en otras naciones desarrolladas. A nivel mundial, la tasa de EE.UU. solo es inferior a la de Groenlandia, un territorio autónomo danés con una posesión de armas relativamente alta (22 armas por cada 100 personas).
Múltiples estudios han informado de una asociación entre la posesión de armas y los suicidios relacionados con ellas.
Uno de esos estudios, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, reveló que los hombres que poseían armas de fuego tenían casi ocho veces más probabilidades de morir por heridas de bala autoinfligidas que los hombres que no poseían un arma. Las mujeres que poseían pistolas tenían 35 veces más probabilidades de morir por suicidio con arma de fuego, en comparación con las que no las poseían, según el estudio de 2020, que encuestó a 26 millones de residentes de California durante un periodo de más de 11 años.
Los tiroteos masivos regulares son un fenómeno exclusivamente estadounidense. Estados Unidos es el único país desarrollado en el que se han producido tiroteos masivos cada año durante los últimos 20 años, según Jason R. Silva, profesor adjunto de sociología y justicia penal en la Universidad William Paterson.
Para comparar los distintos países, Silva utiliza una definición conservadora de tiroteo masivo: un suceso que deja cuatro o más personas muertas, excluyendo al atacante, y que excluye las actividades criminales con fines de lucro, los homicidios familiares y la violencia auspiciada por el Estado. Utilizando este enfoque, 68 personas murieron y 91 resultaron heridas en ocho tiroteos públicos en Estados Unidos solo en el transcurso de 2019.
Una definición más amplia de los tiroteos masivos revela una cifra aún mayor.
El Gun Violence Archive, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC y en la que se basa CNN para informar sobre los tiroteos masivos, define un tiroteo masivo como un incidente que deja al menos cuatro personas muertas o heridas, excluyendo al atacante, y no diferencia a las víctimas en función de las circunstancias en las que recibieron disparos.
El Gun Violence Archive contabilizó 693 tiroteos masivos en 2021. Y este año se han registrado 212 incidentes.
Las políticas estatales en materia de armas también parecen influir. Un estudio de 2019 publicado en el British Medical Journal descubrió que los estados de EE.UU. con leyes de armas más permisivas y mayor posesión de armas tenían mayores tasas de tiroteos masivos.
La administración del presidente Joe Biden ha renovado los llamamientos a la reforma de las armas después de los tiroteos masivos en Colorado, Carolina del Sur y Texas. En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una ley que obligaría a los vendedores privados y sin licencia, así como a todos los vendedores con licencia, a realizar comprobaciones federales de antecedentes antes de todas las ventas de armas, y a garantizar que los compradores sean investigados a fondo antes de realizar la venta.
Los proyectos de ley están ahora atascados en el Senado, donde, a pesar de los esfuerzos de algunos demócratas por conseguir apoyo bipartidista, no ha habido indicios de que tengan los votos necesarios para superar el obstruccionismo de 60 votos.
Los bloqueos políticos han paralizado estos esfuerzos en Estados Unidos durante décadas. Y esa división partidista se refleja también en la población, ya que el 80% de los republicanos y el 19% de los demócratas opinan que las leyes sobre armas en el país son más o menos correctas o deberían ser menos estrictas, según la encuesta Pew de abril.
Investigadores del Instituto de Derecho Mundial Whitney R. Harris de la Universidad de Washington en Saint Louis presentaron este argumento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, diciendo que el «fracaso» del gobierno de Estados Unidos para prevenir y reducir la violencia relacionada con las armas a través de «medidas internas razonables y eficaces ha limitado la capacidad de los estadounidenses para disfrutar de muchas libertades y garantías fundamentales protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos», incluido el derecho a la vida y la integridad corporal.
Los organismos de la ONU también han subrayado estas preocupaciones, señalando las leyes estadounidenses de «stand your ground» o ley de legítima defensa, que permiten a los propietarios de armas en al menos 25 estados utilizar la fuerza letal en cualquier situación en la que crean que se enfrentan a una amenaza inminente de daño, sin hacer primero ningún esfuerzo para desescalar la situación o retirarse. Un informe de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la ley puede alentar a las personas a responder a situaciones con fuerza letal, en lugar de usarla como último recurso.
En un ensayo de 2020 publicado por el Center for American Progress, un grupo de reflexión liberal de Washington, el defensor del control de armas Rukmani Bhatia dijo que el cabildeo de las armas de Estados Unidos se ha apoderado de una narrativa basada en los derechos «para justificar, peligrosamente, el derecho a portar, llevar y usar armas de fuego».
La legislación de «Stand your ground», dijo, «deforma la comprensión de la gente sobre sus derechos a la seguridad y, en el peor de los casos, los faculta para quitarle a otra persona su derecho a la vida».
Mientras tanto, los países que han introducido leyes para reducir las muertes relacionadas con las armas han logrado cambios significativos.
Una década de violencia con armas de fuego, que culminó con la masacre de Port Arthur en 1996, llevó al gobierno de Australia a tomar medidas.
Menos de dos semanas después del peor tiroteo masivo de Australia, el gobierno federal puso en marcha un nuevo programa que prohibía los rifles y escopetas y unificaba las licencias y los registros de los propietarios de armas en todo el país. En los 10 años siguientes, las muertes por arma de fuego en Australia se redujeron en más de un 50%. Un estudio realizado en 2010 concluyó que el programa de recompra del gobierno en 1997, que formaba parte de la reforma general, provocó un descenso medio del 74% en las tasas de suicidio con armas de fuego en los cinco años siguientes.
Otros países también están mostrando resultados prometedores tras cambiar sus leyes de armas. En Sudáfrica, las muertes relacionadas con las armas de fuego se redujeron casi a la mitad en un periodo de 10 años tras la entrada en vigor de la nueva legislación sobre armas, la Ley de Control de Armas de Fuego de 2000, en julio de 2004. Las nuevas leyes hicieron mucho más difícil obtener un arma de fuego.
En Nueva Zelandia, las leyes sobre armas se modificaron rápidamente tras el tiroteo de la mezquita de Christchurch en 2019. Apenas 24 horas después del ataque, en el que murieron 51 personas, la primera ministra Jacinda Ardern anunció cambios a la ley. El parlamento de Nueva Zelandia votó casi por unanimidad para cambiar las leyes de armas del país menos de un mes después, prohibiendo todas las armas semiautomáticas de estilo mili
El Reino Unido endureció sus leyes de armas y prohibió la mayor parte de la tenencia privada de armas de mano tras un tiroteo masivo en 1996, una medida que hizo que las muertes por arma de fuego se redujeran en casi una cuarta parte en una década. En agosto de 2021, un poseedor de armas de fuego con licencia mató a cinco personas en Plymouth, Inglaterra, lo que supuso el peor tiroteo masivo desde 2010.
Tras el incidente, la policía dijo que habían devuelto la licencia de armas del agresor apenas unos meses después de que le fuera revocada, debido a acusaciones de agresión. El gobierno del Reino Unido pidió entonces a la policía que revisara sus prácticas de concesión de licencias y dijo que presentaría nuevas orientaciones para mejorar los procedimientos de antecedentes, incluida la comprobación de las redes sociales.
Muchos países de todo el mundo han sido capaces de hacer frente a la violencia con armas de fuego. Sin embargo, a pesar de los miles de vidas perdidas en Estados Unidos, solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses están a favor de leyes de armas más estrictas, según la reciente encuesta Pew, y la reforma política sigue estancada. El ciclo mortal de la violencia parece destinado a continuar.
