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El jugoso honorario de los abogados contratados por el Estado para casos de corrupción

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Jul 3, 2024

Solo en seis acuerdos en Calamar, esos juristas obtendría más de RD$385 millones

El grupo de abogados contratados en 2021 por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos del Estado en casos de corrupción obtendrá cientos de millones de pesos como pago del 15 % del patrimonio público recuperado.

Así lo contempla el contrato firmado por el Estado con el equipo de juristas. Solo en los acuerdos con seis acusados en la operación Calamar, que alcanzan los 2,570,550,078 pesos, los abogados ganarían más de 385 millones de pesos.

El monto de los más de 2,570 millones de pesos incluye:

1,101,770,078 pesos que deberá devolver en efectivo Fernando Crisóstomo Herrera.
715 millones de pesos que entregará Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo.
500 millones de pesos de José Ureña.
32 millones de pesos de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez.
1,780,000 pesos de Camilo Andrés Peña.
220 millones de pesos de Ángel Lockward.
Facultados para acuerdos extrajudicial
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, compuesto por 21 abogados y coordinado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, tiene la potestad de hacer acuerdos civiles con empresas y personas no acusadas por el Ministerio Público.

También pueden llegar a acuerdos extrajudiciales, como ocurrió con algunas empresas acusadas en la operación Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, según confirmaron varias fuentes consultadas por Diario Libre. Polanco Rodríguez no contestó las llamadas ni los mensajes de este periódico.

No han cobrado

Aunque ya se han producido sentencias sobre acuerdos penales abreviados, como en el caso Antipulpo en febrero de 2023, el equipo de abogados contratado no ha recibido “ni un céntimo” por sus honorarios, según las fuentes entrevistadas.

Con la sentencia del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción hace más de un año, que validó los acuerdos con Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), se condenó a este a penas suspendidas y a entregar al Estado 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017. Los abogados que representan al Estado no han recibido pagos por su trabajo porque hay que agotar “todo un proceso”.

Tampoco han recibido dinero ni bienes decomisados al también condenado Juan Esteban Suriel Suazo, consistentes en 917,600 dólares y 8,525,500 pesos, detallados en el “Repositorio de casos de criminalidad organizada” de la Procuraduría General.

El pasado sábado, el juez del Tercer Juzgado de Instrucción, Amauri Martínez, aprobó los acuerdos de 21 imputados en la operación Medusa. Otras negociaciones de imputados en ese mismo caso, que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, serán decididas por el magistrado el próximo viernes 5 de este mes.

Lo recuperado y por recuperar por decisión de Martínez en juicios penales abreviados con tres encartados en Medusa asciende a casi 180 millones de pesos. Esto incluye 144 millones de pesos comprometidos por el ahora condenado empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, quien admitió haber pagado sobornos para ser beneficiado con la construcción de un lote de la cárcel Nueva Victoria.

En los casos de corrupción Coral, Medusa y Antipulpo, donde ya se ha agotado el juicio preliminar, los acusados han solicitado a los jueces excluir al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, lo que ha sido rechazado por los diferentes magistrados.

“Son legales y no son nuevas”

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, recordó que los acuerdos del Ministerio Público con los acusados “son herramientas contempladas en el Código Procesal Penal”, pero deben hacerse conforme a la ley, sin obligar a los encartados a firmarlos y deben ser homologados por un juez.

En cuanto a los abogados contratados por el Estado, Castaños dijo que “tampoco es una novedad”, ya que en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), el Banco Central apoderó oficinas de abogados privados para que se constituyeran en parte civil contra los ejecutivos de esa entidad financiera.

Según publicaciones periodísticas, el quinteto de juristas que representó al Banco Central incluyó a Polanco Rodríguez.

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