El viceministro de Gobierno de Ecuador, Esteban Torres, rechazó este lunes (27.05.2024) el informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales bajo el «conflicto armado interno» declarado contra el crimen organizado.
«Nosotros sabemos quiénes están detrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor (George) Soros que, no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo, promueve la desorganización de las sociedades y la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos», dijo Torres en rueda de prensa.
La semana anterior a dichas declaraciones, HRW remitió una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para expresarle sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción, que determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a violaciones de los derechos humanos.
«Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos», señaló la organización internacional tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar información a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos, así como revisar expedientes de casos judiciales.
En un caso documentado por HRW, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber presuntamente intentado «evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificó de «terroristas”. Las entrevistas de la organización con testigos, familiares y abogados de las víctimas -junto con documentación verificada- contradicen la versión del Ejército.
Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante Fiscalía y parecen haber sido capturadas durante breves períodos al margen del proceso legal y -según lo verificado por Human Rights Watch- sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes. HRW también denunció que «los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica».
En la rueda de prensa de este lunes, Torres reconoció que las denuncias presentadas por HRW no son las únicas, y que hay más organizaciones que se han expresado en ese sentido, por lo que aseguró que el Gobierno acogerá esos reportes y tomará correctivos «en el caso que haya que tomar correctivos». Sin embargo, el funcionario matizó que «el Gobierno lucha contra la corrupción con todas las armas que le han dado los ciudadanos y les responde a los ecuatorianos, no a estas organizaciones internacionales».
