La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el viernes (110.05.2024) el último estado de excepción de 60 días, decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir la delincuencia organizada en cuatro provincias del país, al considerar que no está debidamente fundamentado.
En su dictamen, con siete votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en su nueva declaración de estado de excepción no ha justificado la configuración de «conflicto armado interno» esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.
Los magistrados constitucionales resolvieron que «tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación, ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario».
Ejército en apoyo de la policía
Esta resolución de la Corte Constitucional contrasta con su dictamen sobre el primer estado de excepción, decretado por Noboa a inicios de año y que duró 90 días, donde el tribunal señaló que no le correspondía evaluar la existencia o no de un «conflicto armado interno», al tratarse de un hecho fáctico.
El nuevo estado de excepción fue emitido por Noboa el pasado 30 de abril para las provincias costeras de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, y contempla la movilización de las Fuerzas en Armadas en apoyo a la Policía para combatir a la delincuencia organizada y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para poder ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial.
Al emitirse el nuevo estado de excepción, no había entrado en vigor la reforma de la Constitución aprobada en referéndum del 21 de abril, donde se permite que los militares brinden apoyo permanente a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de estado de excepción.
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.