Devolverán «aproximadamente 40 millones de pesos» al Estado
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor de dos vinculados en el caso de corrupción Calamar y en cuyos arreglos se devolverá al Estado «aproximadamente 40 millones de pesos».
La renuncia de la acción penal del Ministerio Público, ya validado por la jueza Altagracia Ramírez, es a favor de Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, quienes, según el expediente, «se asociaron» con el exsenador de Azua Rafael Porfirio Calderón Martínez «para firmar cesiones de crédito ficticias, y cobrar por esta vía los sobornos para la tramitación de los pagos por expropiaciones (de terrenos) por ante el Ministerio de Hacienda.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que Ovalle Sánchez y Peña Hernández «colaboraron de manera eficaz» en la investigación a la supuesta red que encabezan los exministros Donald Guerero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios.
La pasada semana se aprobó el criterio de oportunidad a favor del exdirector técnico de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Montero, informó la Procuraduría General de la República.
En el acuerdo suscrito, el exfuncionario admitió su participación en los hechos por los que fue investigado sobre coalición de funcionarios, con el fin de estafar al Estado dominicano, a través de pagos a ingenieros autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz.
Están pendientes los de empresarios devolverán más de 2 mil millones
El Cuarto Juzgado de Instrucción tiene pendiente homologar también otras seis renuncias de la acción penal del Ministerio Pública con igual número de vinculados a la red que estafó al Estado con más de 40,000 millones de pesos con la declaración de propiedades en utilidad pública y en sobornos para las campañas del 2020.
Esos acuerdos los encabezan los empresarios Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie y José Arturo Ureña, quien devolverán más de 2 mil millones de pesos a cambio de ser testigos en contra de los acusados en el caso.
