Las tierras, ubicadas en 19 provincias del país, tienen un costo estimado de RD$70,000 millones
Una comisión de veeduría, conformada por notables personalidades, supervisará la negociación pública
El Gobierno dominicano sometió este jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca el traspaso de 52 inmuebles (tierras) ubicadas en 19 provincias del país, para ser comercializados a través de un fideicomiso público que controlará la Fiduciaria Reservas.
En noviembre pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de que constituyera un fideicomiso público y emitió el decreto 581-23 disponiendo la creación del «Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI)», abarcando la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado.
En esta primera etapa del proyecto, el Gobierno busca transferir a la citada fiduciaria 26 terrenos que actualmente están a nombre de Bienes Nacionales, 18 terrenos del CEA, seis inmuebles del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y dos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), todos provenientes de sus patrimonios autónomos.
La mayoría de estos terrenos están ubicados en las provincias Santo Domingo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís.
El proyecto entregado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, tiene un valor estimado de RD$70,000 millones, recursos que serán usados, para realizar inversiones para el desarrollo del país, según lo explicó en rueda de prensa en la sede legislativa el ministro Santos Echavarría.
Detalles del fideicomiso
«El «Fondo de Desarrollo de Infraestructuras» es un fideicomiso público de desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública, que procura el desarrollo de infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico», dijo el funcionario estatal.
La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la designación de una comisión de veeduría, integrada por notables personalidades del país, la cual tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al desarrollo del fideicomiso. Esta comisión será responsable de vigilar, supervisar y asegurar la gestión correcta y transparente de los bienes transferidos.
En ese sentido, el FDI está compuesto por el Estado dominicano, que actúa a través del Ministerio de la Presidencia, en calidad de fideicomitente y fideicomisario, y Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria.
Su objeto es la gestión comercial y administración de los terrenos que sean identificados por el Estado dominicano para captar, gestionar, invertir, financiar y destinar los recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento, con la finalidad de proveer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los referidos sectores.
El ministro de la Presidencia explicó que el propósito del Fondo de Desarrollo de Infraestructuras es la recepción dentro del patrimonio de inmuebles identificados por el Estado que no estén siendo utilizados de forma activa o que puedan ser empleados en actividades más productivas que generen mayor valor y empleomanía.
Dichos inmuebles serán saneados, deslindados, conservados, administrados y aprovechados a través de su comercialización, a los fines de luego destinar los recursos obtenidos al desarrollo de infraestructuras públicas.
El fideicomiso con más activos
Andrés Vander Horst, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria Reservas, expresó que este es el fideicomiso público de mayores activos que va tener la República Dominicana, lo que, a su juicio, es un gran reto.
«Históricamente las tierras del Estado han sufrido de una merma, por los robos, y ahora se quiere resguardar esto dentro del sistema financiero, para que se puedan garantizar los derechos adquiridos», planteó Vander Horst.
Señaló que muchos de estos proyectos podrían ser financiados dentro del Programa Familia Feliz que promueve el Estado. «Aproximadamente un 30 % de terrenos del Estado se pierden cada año debido a la invasión, ya que son vendidas cinco y seis veces y con esto se evita este problema», reveló el funcionario.
