Abogados contratados por el Estado estiman restituir al erario un total de RD$60,000 millones
El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público ha logrado que se devuelvan al Estado «alrededor de 550 millones de pesos» en procesos extrajudiciales o acuerdos civiles y sin la participación del Ministerio Público (MP), desde que fueron apoderados por un decreto del 2021 que lo faculta para perseguir a quienes posean o se hayan beneficiado con recursos del erario
El monto excluye los cientos de millones que, como querellantes en los casos penales junto al MP, ya han sido recuperados en acuerdos y condenas en algunos procesos de corrupción actualmente en los tribunales y cuyos montos todavía no pueden cuantificar.
Para los acuerdos civiles no se exige que estos sean homologados por los jueces.
«Si sacamos lo que se han recuperado a través de los procesos penales en donde nos hemos constituido en parte civil y clasificamos aquellos que son de naturaleza civil (donde no hay una acusación del Ministerio Público) donde nosotros hemos tenido iniciativas propias decimos que tenemos alrededor de 550 millones de pesos», explicó Jorge Luis Polanco
Están detrás de RD$60,000 MM
Al sostener un encuentro con los periodistas que cubren la fuente judicial, Jorge Luis Polanco, coordinador general del grupo de juristas, dijo que estiman restituirle al Estado un total de RD$60,000 millones en los procesos civiles, fuera de los tribunales, y en los que se han constituido como querellantes en los expedientes de corrupción, junto al MP.
Sin discrecionalidad
Acompañado de parte de los togados que conforman el equipo, que son 21, dijo que no existe ninguna discrecionalidad para establecer el monto en los acuerdos que hacen de manera independientemente con las personas que han descubierto poseen o se han beneficiado del patrimonio público de manera irregular.
En ese sentido, afirmó que «es únicamente la misma cantidad de dinero que se detecta» que se establece como monto a restituir y en la que se formalizan esos arreglos y según la capacidad de pago del que se obliga a través de un documento notarial, que constituye un título ejecutorio.
Dos de los casos
Polanco mencionó dos casos en los que han podido recuperar, US$2.0 millones de dólares y RD$84 millones, que son un local que había comprado la Cancillería donde estaba el consulado de la Embajada en Panamá y que «nunca el Estado dominicano había podido obtener el traspaso de ese título de propiedad», así como el acuerdo que realizaron con la empresa Serviamed Dominicana S.R.L, contratista para la construcción de la cárcel Las Parra, y a la que el el MP decidió no acusar.
«Nosotros le hicimos una intimación para que esa empresa (Serviamed Dominicana S.R.L ) devuelva la parte económica y esa empresa procedió a devolver RD$84 millones al Estado«, indicó el coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.
La empresa Serviamed Dominicana S.R.L es presidida por la María Isabel Terán de Bonetti, vinculada al pago de sobornos y actos de corrupción que se imputan en el caso Medusa, que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Sobre el local para la Embajada de República Dominicana en Panamá, que se compró por un valor de 2.0 millones de dólares, «a pesar de haberlo requerido por toda una serie de vías extrajudiciales no se había logrado, habían surgido conflictos y los vendedores no habían honrado su obligación frente al Estado dominicano»
El inmueble se pudo entregar «y ya el consulado, la Embajada de Panamá, a través de la Cancillería recibió el correspondiente certificado que la acredita como propietaria», detalló Polanco.
Unas empresas internacionales con operaciones locales fueron las vendedoras, informó el jurista.
En casos penales no toman iniciativas
El equipo de abogados expuso a los periodistas que en todos los casos en donde el Ministerio Público está apoderado, el actor civil (que son ellos en representación del Estado) se va suscribiendo a las actuaciones procesales que le va comunicando el órgano persecutor.
«Nosotros no tomamos iniciativas», subrayó Polanco, al referirse a los casos penales.
Pueden perseguir después que lo hace el MP
En caso de que el Ministerio Público (MP) haya cesado su persecución penal contra alguien, dentro del marco de sus facultades, el Equipo de Recuperación Patrimonial investiga si se ha incurrido en una falta donde se dé origen a la recuperación de patrimonio y accionan contra esa persona para la reclamación civil, sostuvo Polanco.
Eso fue lo que pasó con la empresa Serviamet.
Procedimiento de cobro de su honorario
En cuanto al honorario que cobrará el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, correspondiente a un 15 por ciento de lo que se haya logrado resarcir al erario .
Los juristas dijeron que una resolución del Ministerio de Hacienda establece el procedimiento a seguir una vez se recupera el patrimonio o recursos del Estado, el cual inicia con la entrada del ciento por ciento de lo recuperado a la cuenta única del Tesoro Nacional.
La factura que ellos generan por sus honorarios «pasa por todo el proceso normal de fiscalización de esa factura, Consultoría Jurídica, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Contraloría de la República» y se le aplican las retenciones impositivas.
Todavía no han cobrado por ningún acuerdo.
«No existe obstáculos, es un asunto estratégico (el que no hayan cobrado sus honorarios. Ahora, en la última reunión que nosotros sostuvimos la semana pasada, decidimos generar la primera factura, pero todavía a la fecha no se ha generado», dijeron
