La polémica ley SB4 de Texas, una estricta norma que convierte en delito estatal la entrada irregular al territorio y permite a las autoridades locales arrestar y deportar migrantes, fue promulgada en diciembre pasado por el gobernador del estado, Greg Abbott, en medio de condenas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes. Estaba previsto que la ley entrara en vigor a principios de marzo.
Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal que le dio tiempo al Gobierno de Biden de acudir a la Corte Suprema que este lunes suspendió indefinidamente la implementación de la ley.
La medida administrativa estará vigente mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia del Gobierno de Biden y otras partes, que piden a los jueces bloquear la ley mientras se desarrollan sus impugnaciones.
Pero ¿en qué consiste exactamente? Estas son las claves de la nueva ley en un estado donde el 40% de la población forma parte de la comunidad latina.
¿Qué es la ley SB4 y en qué consiste?
El Proyecto de Ley Senatorial 4 (conocido como SB4) es una legislación estatal que endurece las medidas en contra de los migrantes en Texas.
- La ley penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal.
- Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes. Las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha.
- Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
- Destina US$ 1.500 millones para que Texas construya su propio muro fronterizo.
- Se asignarán entre US$ 20 a 30 millones de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 km para construir el muro.
¿A quiénes afecta?
Principalmente, y de ahí parte su objetivo, a las personas que ingresen de manera irregular a Texas.
Para muchos opositores, la nueva ley recuerda a una ley similar de 2010 “Muéstrame tus documentos” en Arizona, que anuló en gran parte la Corte Suprema de Estados Unidos dos años después.
Es decir, que las autoridades locales pueden pedir los documentos de cualquier persona en cualquier parte del estado. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México.
La ley está sembrando confusión e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados y las familias de estatus mixto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según defensores de la inmigración.
Muchos de esos defensores dijeron a CNN que temen una ola de discriminación racial, así como detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales si la ley entra en vigor.
“Tenemos muchas preocupaciones sobre la discriminación racial y el racismo”, dijo Ramona Casas, organizadora comunitaria de la organización sin fines de lucro Arise Adelante, en una protesta contra la SB4. “Estas leyes abren la puerta a eso. Amenazan a las familias”.
Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en El Paso, Texas, advirtió que la SB4 expondría a innumerables ciudadanos estadounidenses, hogares de estatus mixto e inmigrantes indocumentados a interrogatorios, registros, incautaciones y arrestos ilegales “basados en cuán ‘extranjeros’ o ‘se ven y cómo se comportan”.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute en El Paso, dijo que la nueva ley criminalizaría a las personas que buscan seguridad en la frontera e infundiría miedo en las familias de todo Texas.
“El día que entre en vigor, hará que todos los tejanos se sientan menos seguros de manera desastrosa al erosionar la confianza fundamental de la comunidad en las autoridades”, dijo.
Los críticos han dicho que la nueva ley de Texas es inconstitucional y grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra el estado a mediados de diciembre del año pasado.
La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas argumentaron que la controvertida ley fronteriza es inconstitucional porque prevalece sobre la ley federal.
“La inmigración es una autoridad esencialmente federal”, argumentan las organizaciones, según la demanda.
