La Corte Suprema de Estados Unidos está lista para tomar una decisión fundamental sobre lo que los estadounidenses pueden ver en las redes sociales, ya que esta semana se abordan dos casos que podrían transformar Internet tal como lo conocemos.
Este lunes, el tribunal considerará argumentos sobre si se debe otorgar a Texas y Florida un control significativamente mayor sobre las plataformas de redes sociales y su contenido, destacando el papel central que esos servicios desempeñan ahora en la vida estadounidense moderna.
El quid del asunto: ¿pueden estas plataformas decidir por sí mismas qué contenido va a sus sitios y qué se puede eliminar?
Los estados quieren evitar que Facebook, TikTok, YouTube y otros eliminen las publicaciones de los usuarios, potencialmente incluso aquellas que promueven discursos de odio o trastornos alimentarios, mienten a los votantes sobre las elecciones y más. Pero ese impulso va en contra de la Primera Enmienda.
Un fallo para los estados podría incluso cambiar la forma en que los estadounidenses se enteran de las próximas elecciones de 2024 en todas partes, desde Instagram hasta X y otras redes.
Funcionarios de Texas y Florida argumentan que sus leyes que imponen restricciones a la moderación de contenido son constitucionales porque buscan regular el comportamiento comercial de las plataformas de redes sociales, no su discurso. Pero sus opositores, incluido NetChoice, un grupo industrial que demanda para bloquear ambas leyes, dicen que infringen los propios derechos de la Primera Enmienda de las plataformas y que su amplitud podría tener enormes consecuencias no deseadas.
Por ejemplo, un grupo de politólogos le dijo al tribunal que las leyes efectivamente exigen que las plataformas traten el “discurso electoral peligroso y violento” del mismo modo que el discurso inocuo y no dan a las plataformas de redes sociales suficiente libertad para moderar las amenazas contra los funcionarios electorales.
¿Es constitucional restringir la moderación de contenidos?
El enfrentamiento de este lunes en la Corte Suprema en NetChoice contra Paxton y Moody contra NetChoice determinará si los estados pueden prohibir a las empresas de redes sociales bloquear o eliminar contenido de usuario que vaya en contra de las reglas de la plataforma.
Las leyes estatales en cuestión también permiten a las personas demandar a las empresas de tecnología por presuntas violaciones.
Las leyes de Florida y Texas están redactadas en términos generales, pero funcionarios de ambos estados dicen que las leyes evitarán que los sitios de redes sociales silencien injustamente a los conservadores. Las plataformas de redes sociales han insistido durante años en que no discriminan el discurso de derecha.
La ley SB 7072 de Florida, firmada en 2021 por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe a las plataformas tecnológicas suspender o prohibir las cuentas de candidatos políticos en el estado, y sus infracciones conllevan posibles multas elevadas de hasta US$ 250.000 por día. También les permite a los usuarios individuales de redes sociales demandar a las plataformas si creen que han sido censuradas o «desplataformadas» injustamente.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el centro, pronuncia su discurso de apertura flanqueado por miembros de la delegación estatal local antes de firmar una legislación que busca castigar las plataformas de redes sociales que eliminan ideas conservadoras de sus sitios, dentro del Edificio MARC de la Universidad International de Florida en Miami el 24 de mayo de 2021. (Crédito: Carl Juste/Miami Herald/AP)
La ley de Texas, firmada en 2021 por el gobernador Greg Abbott, declara ilegal que cualquier gran plataforma de redes sociales “ bloquee, prohiba, elimine, elimine de la plataforma, desmonetice, desaliente, restrinja, niegue la igualdad de acceso o visibilidad o discrimine de otro modo la expresión”. Al igual que la ley de Florida, la HB 20 de Texas permite a los usuarios individuales de Internet demandar a las plataformas de redes sociales por presuntas violaciones.
Las plataformas de redes sociales son ahora tan importantes como nueva plaza pública, dicen los estados, que necesitamos nuevas leyes para hacerlas seguir los ideales de la libertad de expresión, a pesar de que la Primera Enmienda se aplica a los gobiernos y no a las empresas privadas.
La industria tecnológica argumenta que las leyes violan los propios derechos de las empresas de la Primera Enmienda para decidir qué discurso dar la bienvenida en sus plataformas privadas.
Los tribunales inferiores se han dividido sobre la disputa.
En el caso relacionado con la ley de Texas, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. sostuvo en 2022 que las plataformas de redes sociales no tienen “el derecho libre de la Primera Enmienda de censurar lo que dice la gente”.
Pero el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito dictaminó el mismo año que “es muy probable que las restricciones de Florida violen la Primera Enmienda”, porque los gobiernos no pueden hacer que las plataformas de redes sociales “hablen”, incluso si es a través de publicaciones de terceros.
Ahora, la Corte Suprema podría resolver ese debate de una vez por todas.
¿Se parecen más las empresas de tecnología a editoriales o servicios públicos?
Los casos de NetChoice reflejan una profunda división en la cantidad de personas que ven las redes sociales. Los partidarios de las leyes estatales dicen que las redes sociales deberían permitir todo tipo de expresión, sin juzgar su mensaje. Los opositores dicen que las plataformas tienen derecho a decidir qué contenido muestran.
Más de una decena de estados encabezados por fiscales generales republicanos han pedido a la Corte Suprema que respalde la legislación de Texas y Florida, argumentando que las empresas de redes sociales actúan como servicios públicos como la red telefónica y deberían regularse de la misma manera.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en su propio escrito ante el tribunal, argumentó que las plataformas de redes sociales “actúan como aerolíneas que transportan pasajeros, compañías de telégrafos que transmiten mensajes o ferrocarriles que transportan carga”.
Pero las empresas de redes sociales se parecen más a los periódicos y las compañías de cable, que pueden elegir libremente seleccionar lo que muestran, y disfrutan de las mismas protecciones constitucionales contra los mandatos de expresión del gobierno que esas industrias, escribió la administración Biden en un documento el año pasado.
Una usuario de un teléfono inteligente se para frente a una tienda en Walnut Creek, California, en enero de 2022. (Crédito: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
Si se aplicaran, las leyes estatales llevarían a “resultados absurdos” porque darían a estafadores, trolls y extremistas odiosos una excusa para abrumar a los sitios web con acusaciones de censura, escribió la Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo de defensa del consumidor.
EFF calificó la ley de Florida como “un importante revés a los esfuerzos para combatir el spam, ya que cada acción para limitar la difusión de mensajes spam podría considerarse una ‘prohibición en la sombra’ inadmisible según la ley”.
«Permitir que los sitios de redes sociales estén libres de la interferencia del gobierno en la moderación de su contenido beneficia en última instancia a los usuarios de Internet», dijo a CNN David Greene, abogado senior y director de libertades civiles de EFF. «Cuando las plataformas tienen derechos de la Primera Enmienda para seleccionar el contenido generado por los usuarios que publican, pueden crear foros distintos que se adapten a diversos puntos de vista, intereses y creencias».
La decisión del tribunal en los casos NetChoice también podría ir mucho más allá de lo que aparece en los sitios individuales.
Un fallo para Texas y Florida podría remodelar un precedente de larga data que prohíbe a los gobiernos “discursos convincentes”, es decir, obligar a particulares a decir algo en contra de su voluntad. Por ejemplo, un caso de 1974 determinó que una ley de Florida que exigía a los periódicos publicar el discurso de un candidato político violaba la Primera Enmienda.
Obligar a las empresas de redes sociales a publicar todos los discursos, incluso si las plataformas preferirían eliminarlos, sería una forma de discurso obligado y un cambio dramático y siniestro en la ley de la Primera Enmienda, dicen los críticos de las leyes de Texas y Florida.
Podría conducir precisamente al tipo de interferencia gubernamental contra la que la Primera Enmienda debía protegerse, según el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.
“Cuanto mayor sea la plataforma que el Estado busca controlar, mayor será la influencia del Estado en el discurso público y político”, escribió ese grupo en un informe.
