Un juez de Ecuador ordenó a la Defensoría del Pueblo que investigue supuestas acciones de tortura por parte de militares en varias cárceles del país, en el marco de un estado de excepción aplicado por el Gobierno de Daniel Noboa desde principios de enero de 2024 para poner fin a una crisis de motines en las prisiones, según trascendió este domingo (11.02.2024).
El juez constitucional Manuel Peña, de la ciudad portuaria de Guayaquil, ordenó también que se brinde atención médica ininterrumpida a los reos, según informó este domingo el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la organización que presentó un recurso de hábeas corpus sobre la situación en las prisiones.
Peña -de acuerdo con la fuente- ha ordenado «dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas» y ha pedido a la Defensoría del Pueblo que en el plazo de 45 días investigue las denuncias de supuestos «actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador».
El comité dijo que también ha exhortado «a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad», y ha señalado que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) -la agencia penitenciaria del Estado- debe «otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa» a los reos, quienes no tiene «por qué pagar por eso», según el comunicado del Comité.
Asimismo, la fuente aseguró que el juez ha declarado «responsable al Estado por acción y omisión» en este caso de vulneración de derechos, ya que los militares aparentemente han incurrido en «acciones que atentaron contra la integridad personal» de los reos al someterles «a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura». Y por omisión, ya que, según el Comité, el «SNAI no está ejerciendo su competencia de gestionar los centros debido a la intervención militar».
