Ellen Lipton Hollander plantea que encaminar procesos para erradicar posible fraude y malgasto en la SSA no significa que el Gobierno pueda burlar la ley
Nueva York – La jueza federal de distrito Ellen Lipton Hollander frenó por segunda ocasión que empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accedan a información personal de la Administración del Seguro Social (SSA) de millones de estadounidenses.
En un memo emitido este jueves, la jueza de Maryland plantea que encaminar procesos para erradicar posible fraude, malgasto y malos manejos en la oficina no significa que el Gobierno pueda burlar la ley.
Lipton Hollander argumenta que el pleito no se centra en el trabajo que el DOGE quiere hacer sino en cómo pretende hacerlo.
Básicamente, Lipton Hollander concedió una orden preliminar que extiende la prohibición al equipo de Elon Musk, encargado del DOGE, para inspeccionar información sensible de beneficiarios del Seguro Social en los archivos digitales de la SSA.
La decisión judicial se da luego de que la magistrada concediera una orden de restricción temporal el 20 de marzo que expiraba ayer. En aquel momento, la jueza cuestionó, entre otras cosas, por qué la agencia no utilizó una estrategia más específica para su evaluación.
En su opinión más reciente, la jueza señala que el Gobierno no explicó adecuadamente por qué necesitaba dar a empleados del DOGE “acceso sin precedentes y sin restricciones a prácticamente todos los sistemas de datos de la SSA”.
“El equipo de DOGE busca acceso a PII (información personal de identificación) que millones de estadounidenses confiaron a la SSA, y los demandados de la SSA han acordado proveerla”, escribió la jueza.
“Por unos 90 años, SSA se ha estado guiando por los principios fundacionales de una expectativa de privacidad con respecto a sus registros. Este caso expone una amplia fisura en la fundación”, estableció.
En el memo de esta semana de 143 páginas, la jueza añade que el gobierno federal no logró probar el “daño inminente” que representaría detener el acceso a los datos de beneficiarios.
En ese sentido, la jueza indica que el comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, dijo que los esfuerzos relacionados con la lucha contra el fraude del equipo DOGE en la SSA incluyen asuntos que la SSA había considerado anteriormente pero que “nunca había llegado a abordar”.
“Reclamar un daño irreparable basándose, al menos en parte, en el deseo de realizar ahora ciertas acciones que podrían haberse realizado antes no es válido”, expuso la jurista.
Lipton Hollander concluyó que el objetivo de abordar el fraude, el despilfarro, la mala gestión y la inflación es loable, y una acción que presumiblemente, el público estadounidense aplaude y apoya. Sin embargo, la manera en la que lo está haciendo el Gobierno no es la correcta.
“De hecho, los contribuyentes tienen todo el derecho a esperar que su gobierno se asegure de que el dinero que tanto les cuesta ganar no se desperdicie. Sin embargo, la cuestión aquí no es el trabajo que DOGE o la agencia quieren realizar, sino cómo quieren hacerlo”, añadió.
La jueza anticipó que, por las razones antes expuestas, los demandantes tienen legitimación activa y es probable que prosperen en sus alegaciones de que las acciones de la agencia son “arbitrarias y caprichosas”, y violan la Ley de Privacidad y la de Procedimientos Administrativos (APA).
“Además, los demandantes han demostrado que sus miembros sufrirán daños irreparables en ausencia de una orden judicial preliminar, que la equidad les favorece y que la orden judicial preliminar sirve al interés público”, puntualizó Lipton Hollander.
El pleito fue iniciado, el 21 de febrero pasado, por las siguientes organizaciones laborales y de base: American Federation of State, County and Municipal Employees, AFL-CIO(“AFSCME”), Alliance for Retired Americans (“ARA” or “Alliance”), y American Federationof Teachers (“AFT”).
Las entidades impugnaron la decisión del Seguro Social de proveer acceso ilimitado a 17 individuos afiliados al DOGE a los archivos de la SSA con datos de los beneficiarios del programa.
La intervención del DOGE en los sistemas de la SSA se fundamenta en la orden ejecutiva 14158 firmada por Trump, el 29 de enero, poco después de juramentar al cargo.
Bajo el decreto, se creó la oficina del DOGE para implementar la agenda de reducción del gasto público de Trump, “modernizando la tecnología y el software federal para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental”.
“Los directores de las agencias tomarán todas las medidas necesarias, en coordinación con el administrador del USDS (DOGE) y en la máxima medida permitida por la ley, para garantizar que el USDS tenga acceso completo y rápido a todos los registros, sistemas de software y sistemas informáticos no clasificados de la agencia. El USDS cumplirá rigurosos estándares de protección de datos”, lee parte de la orden ejecutiva.
