Una coalición de defensores y líderes electos, exigieron que se aprueben un par de anteproyectos legales, que darían protecciones a las comunidades migrantes
Mientras las agencias federales confirman que en la última semana detuvieron en la Gran Manzana y Long Island a más de 200 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales y vinculados con pandillas locales y trasnacionales, diferentes grupos de defensa aumentan la presión, a las autoridades locales y estatales, para que aprueben legislaciones que pongan un “paraguas” a las comunidades de migrantes agobiadas, por el pánico de la separación familiar.
Este viernes, nuevamente una coalición se plantó en el Bajo Manhattan, al frente de Federal Plaza, para exhortar a la Legislatura Estatal a que ejerza presión, para que se liberen a cientos de neoyorquinos, que de acuerdo con los argumentos de los manifestantes, han sido “detenidos injustamente”.
Además, exigen que se aprueben un par de anteproyectos legales, que darían oxígeno a los migrantes. Se trata de ‘Nueva York para Todos’ y ‘Dignidad y No Detención’, cuyos textos disponen quitar energía a la colaboración de las agencias estatales, con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Les habla la primera indígena peruana, que ocupa una silla en la Asamblea Estatal. Puedo dar fe, que se están diciendo muchas mentiras, acerca de personas que están deteniendo. Somos miembros de una comunidad, que tiene raíces en la Gran Manzana, que tienen sus hijos aquí, generan riqueza con su trabajo y sus impuestos. Están cometiendo graves injusticias”, lamentó la asambleísta de Brooklyn, Marcela Mitaynes.
La coalición liderada por Socialistas Demócratas de América de NYC (NYC-DSA), Make The Road NY, Comunidades de Nueva York por el Cambio y Judíos por la Justicia Racial y Económica (JFREJ) en un comunicado, exponen una “intensificación de los ataques contra manifestantes estudiantiles, incluyendo la detención de los estudiantes palestinos de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, y la desaparición de Merwil Gutiérrez, un joven venezolano arrestado en El Bronx, el pasado mes de febrero y terminó siendo trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, conocida como el CECOT”.
206 detenidos
Todo esto sucede, mientras las autoridades federales confirmaron a medios locales esta semana, haber detenido a más de 206 migrantes que ingresaron ilegalmente al país, durante diferentes operativos realizados entre el 6 y el 12 de abril en la ciudad de Nueva York y Long Island.
Según el comunicado del ICE, se centraron en delincuentes extranjeros de alto perfil, incluyendo organizaciones criminales transnacionales como las recientemente designadas organizaciones terroristas internacionales MS-13 y Tren de Aragua, así como las violentas pandillas Sureños y Calle 18.
De los 206 arrestados, las agencias federales informaron que 121 tenían condenas penales importantes o enfrentan cargos por asesinato, agresión, incendio provocado, delitos sexuales, delitos relacionados con drogas y delitos con armas de fuego.
“El éxito de esta operación reforzada demuestra la determinación del ICE y de nuestros socios federales para mantener a nuestro país a salvo de delincuentes extranjeros violentos”, declaró Judith Almodóvar, directora interina de la Oficina de Campo de la Ciudad de Nueva York de las Operaciones de Control y Deportación del ICE.
Activistas: ¡Paren esto!
Una activista miembro de Make Road NY, identificada como Yanny, llamó a la gobernadora Kathy Hochul y a la mayoría demócrata en la Legislatura, a avanzar en las legislaciones, que permitirían detener “el caos en las comunidades”, por las irrupciones de las agencias federales.
“Es una emergencia proteger a nuestras comunidades, incluyendo a nuestros estudiantes. El precio que está pagando las familias honestas de Nueva York es muy alto“, aseveró.
Los defensores empujan que se apruebe de inmediato, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Nueva York, por la senadora Julia Salazar, el cual prohibiría a las fuerzas del orden estatales y locales contratar a las autoridades federales, para mantener a personas en centros de detención migratoria, por infracciones civiles.
“Dignidad, no Detención” es el nombre por el cual se conoce este anteproyecto, que rompería los vínculos de Nueva York, con los contratos federales de detención.
Salazar asegura que en algunas oficinas del sheriff, que operan cárceles de condado en Nueva York, tienen contratos con el ICE.
“En el condado de Orange, en la cárcel del condado de Rensselaer, y desde la semana pasada en el condado de Broome, las personas acusadas de infracciones civiles e inmigratorias, han sido separadas de sus familias”, reclamó la legisladora.
‘NY para Todos’
La otra iniciativa que los activistas están impulsando es el anteproyecto Nueva York para Todos, reintroducido por el senador estatal demócrata Andrew Gounardes y la asambleísta Karines Reyes, para impedir que el ICE utilice recursos locales, sin una orden judicial.
La propuesta impulsa normas de intervención más claras para proteger a las comunidades inmigrantes y la seguridad pública. Todo apunta principalmente a que los funcionarios locales no permitan que los federales entren en escuelas o albergues sin una orden judicial.
Esta legislación prohibiría a las fuerzas del orden, al personal de libertad condicional, a los empleados estatales, a los funcionarios municipales y a los funcionarios penitenciarios de los condados, utilizar recursos estatales públicos para la aplicación de las leyes de inmigración.
Asimismo, exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas presente una orden judicial para obtener ayuda de la policía local, agentes de paz o agentes de recursos escolares.
También obligaría a los funcionarios, a proporcionar un formulario de consentimiento, en varios idiomas, a los detenidos que serán entrevistados bajo custodia sobre inmigración. Y deben registrar e informar anualmente sobre cada solicitud de ayuda de las autoridades de inmigración.
Lo oficial:
206 arrestados en Nueva York entre el 6 y 12 de abril, las agencias federales informaron que 121 tenían condenas penales importantes o enfrentan cargos por asesinato, agresión, incendio provocado, delitos sexuales, delitos relacionados con drogas y delitos con armas de fuego.
