El anteproyecto, vetado dos veces por la gobernadora Hochul, facilitaría a las familias presentar demandas por daños emocionales
Una legislación que compensa de una manera mucho más amplia a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido debido a negligencia médica o actos injustos, ha quedado atascada varias veces en el escritorio de la gobernadora Kathy Hochul debido al temor razonable que se disparen los precios de los seguros en Nueva York, aparezcan una serie de demandas frívolas y se complique aún más el sistema judicial.
Por ello, desde hace unos días, la organización Justice for Grieving Families (JGF), dedicada a garantizar la justicia para las familias en duelo, a través de un comunicado dirigido a la fiscalía general de NY, mostró preocupaciones sobre las supuestas narrativas “negativas y falsas” promovidas por empresas aseguradoras contra la Ley de Familias en Duelo, aprobada en 2022 por ambas cámaras de la Legislatura y vetada dos veces por la mandataria estatal.
Este cambio habría facilitado a las familias presentar demandas por daños emocionales en los tribunales, después de perder a un ser querido por un accidente debido a negligencia de un conductor o por una mala praxis médica.
Según la ley actual, que tiene 175 años, las familias solo pueden citar “dificultades económicas” causadas, en lugar de daños causados por dolor y sufrimiento.
La legislación vigente tiene sus orígenes en 1847, cuando las compañías de seguros de Nueva York se beneficiaron de asegurar a los esclavistas, contra la pérdida de su propiedad humana.
La Ley de Familias en Duelo aprobada hace dos años por la Asamblea y el Senado Estatal modernizaría estas leyes obsoletas, asegurando que las familias tengan vías más claras para buscar reparación y reconocimiento por su profundo dolor emocional y psicológico.
“Datos irreales”
JGF señala directamente a la firma global de consultoría y actuarial Milliman, un importante proveedor de gestión de riesgos para gigantes de seguros, la cual ha publicado recientemente informes que estiman los elevados costos de la legislación para estas compañías, cuando se involucran casos de mala praxis médica, “que lucen irreales, cuando se los compara con los datos judiciales”.
Como esgrime esta organización, en su misiva dirigida a la fiscalía: “Por ejemplo, cuando el estado de Nueva York aprobó la Ley de Lavern en 2017, modificando el estatuto de limitaciones para ciertas demandas por mala praxis médica, particularmente en casos de cáncer de mama, Milliman fue la fuente principal que predijo un aumento marcado en las demandas por mala praxis médica y un aumento del 15% en las primas, como resultado de la ley”.
Sin embargo, JGF trata de comprobar que datos recientes de la Oficina de Administración de Tribunales (OCA), revelan lo contrario.
De acuerdo con este cruce de balances, las demandas por mala praxis médica en realidad han disminuido en los años posteriores a la aprobación de esta ley.
“Los datos de la OCA muestran que las demandas por mala praxis médica han disminuido un 12% en la ciudad de Nueva York y un 10% fuera de la ciudad”, indican los reportes.
En su informe citado por esta organización, Millman advirtió que, como resultado de la Ley de Lavern, las primas podrían experimentar aumentos de entre el 11,5% y el 17,5%.
Pero según los datos de Medical Liability Monitor, desde la aprobación de la ley en 2017, las primas por negligencia médica han aumentado en promedio menos del 1% anual en el estado de Nueva York, significativamente superado por la inflación, 3,5 veces menos que los aumentos anuales promedio a nivel nacional y más de 15 veces menos que los aumentos previstos por Milliman.
Es difícil de aplicar
La mandataria estatal ha explicado que apoya los objetivos de la legislación, pero teme en primer lugar que el proyecto de ley tendría efectos significativos en el sistema judicial, obligando a los jueces y jurados a determinar quién califica para “recuperarse”, bajo la nueva definición de familiar “cercano”.
Este proyecto de ley ampliaría la definición tradicional de “familiares cercanos sobrevivientes” para incluir a hermanos, padres, abuelos, hijastros, nietos adoptivos, abuelos adoptivos y cualquier otra persona que actúe como afectado por la desaparición física de una persona.
En segundo lugar, la Gobernadora agregó que “se han planteado preocupaciones legítimas de que el proyecto de ley probablemente conduciría a un aumento de las primas de seguro, para la gran mayoría de los consumidores, así como a un riesgo para el bienestar financiero de nuestros centros de atención médica, en particular, para los hospitales públicos que atienden a comunidades desfavorecidas”.
La Gobernadora Hochul explicó que sigue abierta a actualizar el estatuto de muerte por negligencia en el futuro.
El difícil cálculo de pérdida emocional
Asimismo, en una larga argumentación publicada en el medio digital siracuse.com, Michael Mezzacappa asesor general de Coffey Modica LLP, con sede en Nueva York, recordó que según la ley actual, los ingresos futuros potenciales de una persona fallecida, además de las facturas médicas y los costos funerarios, determinan en gran medida la cantidad que los miembros de la familia pueden recuperar en una demanda exitosa.
“Este ya es un cálculo increíblemente complicado de hacer en la sala del tribunal, que en gran medida recae en los jurados, que a menudo están mal equipados para tomar decisiones tan complejas desde el punto de vista financiero“, reforzó el especialista.
Además, Nueva York paga más por reclamos de responsabilidad que cualquier otro estado del país, ya que es uno de los pocos estados que no pone un límite a la cantidad de daños que los demandantes pueden recibir en casos de muerte por negligencia.
En este sentido, la Ley de Familias en Duelo podría expandir estos pagos exponencialmente, cargando los cálculos de pago con el factor subjetivo de la pérdida emocional.
Mezzacappa indica que un análisis actuarial del Instituto de Justicia Civil de Nueva York concluyó que, si se aprueba el proyecto de ley, las primas de seguro de responsabilidad civil podrían aumentar en 2,200 millones de dólares anuales.
Se prevé que las primas de seguro de automóviles y responsabilidad civil general aumenten un 11% como resultado directo de esta legislación, mientras que las primas de responsabilidad civil médica podrían aumentar hasta un 45%.
