Diversos entes empresariales cuestionan aspectos del proyecto, mientras algunos economistas lo aprueban
La mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en un mismo punto sobre la reforma fiscal: es necesaria y este es el momento adecuado para aplicarla. Sin embargo, difieren en el mecanismo propuesto, al considerarlo lesivo para la sociedad y complejo para su implementación.
Uno de los gremios que expresó su percepción sobre el documento fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de un post publicado por su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, quien señaló que estaban en proceso de estudiar lo presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente.
Ayer, el Conep se pronunció formalmente, subrayando que, dada la profundidad del tema, es necesario un “diálogo amplio y constructivo” en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el que el gobierno busca eliminar incentivos, aumentar impuestos, combatir la evasión fiscal y realizar otros ajustes para incrementar los ingresos gubernamentales en 122,486 millones de pesos.
“Reconocemos la importancia de generar recursos adicionales que permitan al Estado satisfacer las demandas de la población en términos de servicios e infraestructura. Sin embargo, consideramos que este proceso debe sustentarse en la apertura de espacios para la escucha activa y el consenso, como medio para identificar oportunidades de mejora en el proyecto“, indicó el gremio en una nota de prensa.
El Conep reiteró su llamado al Congreso Nacional para que continúe el proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Hacienda, abriendo un foro con receptividad, que permita a los diversos sectores de la economía expresar sus inquietudes y planteamientos.
Ayer, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de reforma fiscal a la Comisión de Hacienda, donde será analizado para la elaboración de un posible informe que conduzca a su aprobación o rechazo.
Aunque se esperaba que el proyecto sea enviado a una comisión bicameral para agilizar su análisis, como lo pedía el bloque de la Fuerza del Pueblo, la Cámara Baja decidió que la iniciativa cumpla con el procedimiento ordinario como cualquier proyecto regular.
Opinión de economistas
Los economistas Jaime Aristy Escuder e Isidoro Santana coincidieron en que el proyecto de Modernización Fiscal que presentó el Gobierno es considerado, detallando que la propuesta pudo ser aún más ambiciosa, porque solo busca recaudar aproximadamente 122,000 millones de pesos adicionales equivalente al 1.5 % del producto interno bruto (PIB), cuando se necesita mucho más.
“En general, hasta ahora lo conocido me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita porque la realidad es que el Gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa”, sostuvo Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Expresó que, a pesar de su costo político, porque las reformas fiscales son impopulares, “es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta al Congreso. Ojalá que se apruebe porque en verdad el país necesitaba eso”.
En tanto, Aristy Escuder aseguró que la reforma tributaria planteada impactará principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad. Afirmó que esta es la primera vez desde la reforma fiscal de 1992, bajo el mandato de Joaquín Balaguer, que el impacto recae de manera significativa sobre los segmentos más ricos. “El ramalazo lo reciben los ricos. Vamos a poner las cosas claras”, expresó.
Añadió que su experiencia participando en reformas fiscales anteriores, como las de 1992; la del 1996, bajo el Gobierno de Leonel Fernández, y la del 2000, durante la administración de Hipólito Mejía, le permite asegurar que la carga tributaria de la actual reforma será asumida mayormente por los de mayores ingresos.
El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, consideró que la Ley de Modernización Fiscal es necesario a pesar del costo político que pudiera representar en la actualidad, siendo una de las razones que, a su entender, impidieron en el pasado su anuncio y ejecución.
“Aquí tenemos dos caminos: seguir tomando prestado hasta caer en el abismo o hacer esta reforma; no hay una posición dictatorial, pero no se puede permitir que se desnaturalice el objetivo, que es precisamente conseguir recursos para poder pagar”, indicó Bautista.
Ayer, un grupo de personas protestaron frente al Congreso Nacional contra el proyecto de ley porque consideran que lesionará a la clase media.
