A pesar de que algunos casos tienen hasta dos años bajo investigación, el Ministerio Público sigue sin avanzar las indagatorias contra cuatro diputados señalados por supuestamente estar ligados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa.
Una fuente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó ayer que la Procuraduría General de la República aún no ha depositado evidencias que sustenten señalamientos contra los legisladores, por lo que un juez de instrucción especial «está a la espera» de las solicitudes para proceder contra los congresistas.
Tres de los diputados que están bajo la mira del Ministerio Público, pero que aún no han sido procesados pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y son Nelson Marmolejos, de Santiago; Faustina Guerrero, de El Seibo; y Sergio Moya, del Distrito Nacional. Mientras que del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se encuentra bajo investigación el legislador Héctor Feliz, de Pedernales.
Para las indagatorias, la Suprema Corte de Justicia designó al juez de instrucción especial Napoléon Estévez Lavandier, quien aún no ha recibido las acusaciones para proceder con los congresistas. Los diputados requieren un juez de esta categoría por la jurisdicción privilegiada que les favorece y que obtuvieron cuando fueron elegidos como congresistas en el 2020.
La jurisdicción privilegiada se aplica a altos funcionarios y su utilidad reside en hacer juzgar en tiempo breve, casos que podrían comprometer la capacidad de las personas encargadas de ejercer apropiadamente sus funciones, según establece la Constitución.
En ese sentido, el juez Estévez Lavandier es el encargado de procesar todas las pruebas que deposite el Ministerio Público en contra de los cuatro diputados y determinar si las evidencias son suficientes para condenarlos.
Operación Falcón
En septiembre del 2021, el Ministerio Público acusó al diputado Marmolejos, representante de la provincia Santiago, por supuestamente obtener recursos ilícitos para su campaña política. Según los fiscales, el legislador recibió los fondos del cabecilla de la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea, quien alegadamente depositó millonarios fondos en el 2020 para apoyar al entonces candidato a diputado.
En la misma red denominada Falcón, la Procuraduría involucró a la diputada del PRM, Faustina Guerrero, conocida popularmente como Grey Maldonado. La congresista está señalada por presuntamente pertenecer a la red de narcotráfico y lavado de activos de la que también formaría parte Juan Maldonado Castro, esposo de la legisladora y exdirector de Comunidad Digna.
