El gobierno de Trump argumenta ante la Corte Suprema que los jueces de primera instancia no deberían emitir fallos sobre la ley de ciudadanía por nacimiento
El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema que limite el alcance de las órdenes judiciales que han impedido la aplicación de su plan para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
La administración argumenta que los jueces de primera instancia no deberían emitir fallos de alcance nacional y busca que sus decisiones se apliquen solo a los demandantes directos o, en el mejor de los casos, a los estados que impugnaron la medida.
La procuradora general interina, Sarah Harris, presentó tres solicitudes de emergencia en distintos casos y calificó la petición como una medida “modesta”, según NBC News.
No se trata de pedir un fallo sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, sino de reducir el impacto de las decisiones judiciales que han bloqueado su aplicación en todo el país.
Los tribunales federales de Maryland, Massachusetts y Washington han determinado anteriormente que la propuesta de Trump es probablemente inconstitucional y la han bloqueado.
Sin embargo, la administración insiste en que estas resoluciones exceden la autoridad de los jueces, afectando la capacidad del poder ejecutivo para desarrollar su política migratoria.
Los abogados del presidente defienden que la ciudadanía automática debería aplicarse solo a los nacidos de al menos un padre ciudadano o residente permanente.
No obstante, la mayoría de los expertos legales considera que la iniciativa no prosperará, ya que la Enmienda 14 de la Constitución establece claramente que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadano del país, según NBC.
La Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, necesitaría al menos cinco votos para conceder la solicitud de Trump. De aprobarse, la administración podría seguir trabajando en la implementación de la medida, aunque su viabilidad legal sigue en duda.
