En medio de recortes federales, la Fiscal General del Estado presentó un proyecto de ley que busca ayudar a reducir costos y frenar a prestamistas abusivos
Amedida que siguen avanzando recortes en agencias esenciales por parte del gobierno federal, el estado de Nueva York busca mecanismos para hacer contrapeso, y este jueves la fiscal, Letitia James, presentó una iniciativa de ley en Albany, que busca proteger a los consumidores y a los pequeños negocios de estafas y pagos que no deberían estar teniendo.
Durante una conferencia de presa en Manhattan, la funcionaria aseguró que está impulsando en la Legislatura estatal la llamada “Ley de Prácticas Comerciales Justas (FAIR Business Practices Act), que pondría freno también a prácticas engañosas y abusivas.
Asimismo protegería a los neoyorquinos de una amplia gama de estafas, como el robo de escrituras, esquemas basados en inteligencia artificial (IA), estafas de fraude en internet, suscripciones difíciles de cancelar, cobros injustos y filtraciones de datos, y ayudaría a impedir que los prestamistas, incluyendo prestamistas de automóviles, administradores de hipotecas y administradores de préstamos estudiantiles, engañen a los clientes para que obtengan préstamos con costos más altos.
“En Nueva York, actualmente, las empresas pueden hacer muy difícil la cancelación de una suscripción, también los propietarios de residencias de ancianos pueden demandar a familiares de antiguos residentes fallecidos, y los cobradores de deudas pueden robar las prestaciones del Seguro Social. Esta legislación pondrá fin a todo eso”, comentó la Fiscal James, tras destacar los beneficios de la iniciativa, promovida en la Legislatura estatal por el senador Leroy Comrie y el asambleísta Micah Lasher.
“En un momento en que el gobierno federal nos hace la vida más difícil, queremos facilitarle la vida a los neoyorquinos. La Ley de Prácticas Comerciales Justas (FAIR Business Practices Act) cerrará las lagunas legales que facilitan estafas a neoyorquinos y permitirá a mi oficina perseguir a cualquiera que infrinja la ley”, agregó James.
La legislación también busca reducir comisiones innecesarias y ocultas, frenar prácticas de facturación injustas de las compañías de atención médica y evitaría que las empresas se aprovechen de los neoyorquinos que no dominen el inglés, abriendo la posibilidad de autorizar a la Fiscalía y a víctimas para que soliciten sanciones civiles y resarcimiento contra las empresas que empleen prácticas injustas, engañosas o abusivas contra neoyorquinos vulnerables.
“La protección del consumidor es sinónimo de asequibilidad. Cada año, empresas, grandes y pequeñas, extraen miles de millones de dólares duramente ganados de los consumidores que se aprovechan de nosotros”, dijo el asambleísta Micah Lasher, defendiendo la pieza de ley.
“Y mientras hablamos, Donald Trump, quien basó su campaña en la asequibilidad, está cerrando las puertas a las agencias federales responsables de proteger nuestros bolsillos. La noticia de hoy es que Nueva York va a contraatacar con la Ley de Prácticas Comerciales Justas. Queremos asegurarnos de que la Fiscalía de Nueva York cuente con las herramientas necesarias para proteger a los neoyorquinos, lo que es una de las mejores maneras de detener el daño que Trump intenta causar”.
Rohit Chopra, exdirector del Buró de protección financiera al consumidor, hizo un llamado a los legisladores estatales para que echen a andar la iniciativa, de la que dijo so nolo frenará los abusos de compañías sino que evitará que los consumidores neoyorquinos caigan en garras de depredadores comerciales.
“Las empresas deberían competir ofreciendo productos de calidad y un servicio superior, no ideando esquemas para estafar a la gente. Necesitamos leyes estatales más estrictas para combatir los abusos que perjudican a las familias y a las empresas honestas”, dijo el experto. “Con leyes más estrictas, la Fiscal General James y las fuerzas del orden estatales de todo el país pueden frenar la lacra de las tarifas basura y otros delitos contra los consumidores”.
Defensores del proyecto de ley explicaron que la ley actual de protección al consumidor de Nueva York, aprobada hace 55 años, solo prohíbe las prácticas comerciales engañosas, lo que dijeron “expone a los consumidores a actos injustos o abusivos por parte de las empresas”.
Eda Henries, fundadora y directora general de la organización Henries and Co, en Brooklyn, que asesora a pequeñas empresas, destacó que la mayoría de sus clientes confiesa haber sido víctima de prestamistas abusivos, por lo que urgió que Albany actúe para protegerlos.
“Los bancos tradicionales han abandonado en gran medida el sector de los préstamos a pequeñas empresas, lo que significa que, cuando un propietario de una pequeña empresa necesita capital, a menudo recurre a prestamistas no tradicionales que pueden ofrecer plazos de entrega rápidos para la suscripción y el desembolso de un préstamo. Pero la contraparte es que estos préstamos conllevan tasas de interés ocultas muy altas y plazos de pago extremadamente onerosos”, dijo Henries.
“Lo que puede parecer financiación o capital de crecimiento, a menudo termina siendo una trampa de deuda. Nueva York debe dejar de permitir que actores maliciosos en el sector crediticio actúen sin restricciones y debe brindar a las pequeñas empresas protecciones más significativas contra las prácticas abusivas”, agregó.
La movida de la Fiscal y los legisladores que promueven la nueva pieza de ley se da justo un mes después de que la administración Trump ordenó a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que supervisa a los grandes bancos, prestamistas, compañías de tarjetas de crédito y administradores hipotecarios, para que las empresas cumplan con las leyes federales de protección al consumidor, que suspendiera todas las labores de protección a los consumidores y rechazara cualquier caso nuevo.
Casos en los que la nueva legislación actuaría
- Contra empresas que dificultan a los consumidores la cancelación de suscripciones
- Administradores de préstamos estudiantiles que incitan a los prestatarios a optar por planes de pago más caros
- Concesionarios de automóviles que se niegan a devolver la identificación con foto del cliente hasta que se cierre el trato y cobran por garantías adicionales que el cliente no adquirió
- Hogares de ancianos que demandan rutinariamente a familiares de residentes fallecidos por sus facturas impagas
- Empresas que se aprovechan de consumidores con un dominio limitado del inglés y ocultan información sobre precios y tarifas
- Cobradores de deudas que cobran y se niegan a devolver las prestaciones del Seguro Social de personas mayores, a pesar de estar exentos del cobro de deudas
- Compañías de seguros médicos que utilizan largas listas de médicos dentro de la red que, al final, no aceptan seguro
