American First Legan ha advertido sobre las fuertes consecuencias si altos funcionarios se niegan apoyar los esfuerzos de Trump
El presidente electo Donald Trump hizo de la inmigración y la frontera un tema central de su campaña y tras haber derrotado en las urnas a Kamala Harris, aseguró que su gobierno cerrará las fronteras y se comprometió a emprender acciones sobre las llamadas “ciudades santuario”.
Sin embargo, es muy probable que Trump enfrente una resistencia por parte de los estados gobernados por demócratas.
Ante las amenazas de Trump, American First Legal (AFL), una organización sin fines de lucro dirigida por el próximo subdirector de gabinete de políticas de Trump, Stephen Miller, ha advertido a funcionarios electos locales en California que podrían ser personalmente “penalmente responsables” si se niegan a apoyar los esfuerzos del gobierno federal para detener y deportar a inmigrantes.
AFL informó a través de su sitio oficial que 249 funcionarios de todo Estados Unidos recibieron cartas de American First Legal, entre ellos el fiscal general de California, Rob Bonta, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.
“Hoy American First Legal lanzó la fase inicial de su respuesta a los planes, acuerdos y actividades anunciados por funcionarios electos y organizaciones de izquierda para interferir con la aplicación federal de nuestras leyes de inmigración”, se lee en su comunicado de prensa.
AFL también indicó que presentó solicitudes de investigación a gobernadores, alcaldes y otros funcionarios del gobierno local para ayudar a exponer a las personas y organizaciones que están socavando activamente la aplicación de la ley federal de inmigración y el Estado de derecho en todo el país.
“El gobierno federal tiene la máxima autoridad sobre inmigración. En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, las leyes federales de inmigración prevalecen sobre las leyes estatales o locales que pretendan modificar o anular los requisitos federales. Todas las personas, incluidos los funcionarios estatales y locales, que estén sujetos a la jurisdicción federal, deben cumplir con las leyes, y existen graves consecuencias por obstruir o conspirar para obstruir dicha aplicación”, se lee en el comunicado.
Reed D. Rubinstein, vicepresidente sénior de America First Legal, dijo que “la atrocidad del fin de semana en el metro de la ciudad de Nueva York es otro recordatorio de que las fronteras abiertas y las jurisdicciones santuario son una auténtica locura. Los políticos de izquierda que las crean y las dirigen, y quienes las apoyan, ponen en peligro a nuestros ciudadanos, socavan nuestra Constitución y erosionan peligrosamente el Estado de derecho”.
Y confirmó que “America First Legal seguirá trabajando incansablemente para proteger nuestras leyes de inmigración y apoyar a los valientes hombres y mujeres que las hacen cumplir. Las acciones de hoy son solo un primer paso en nuestra lucha contra la anarquía de las jurisdicciones santuario”.
Hasta el momento, el gobernador de California, Gavin Newsom, no se ha manifestado respecto a la carta de American First Legal.
