Seis destacados activistas y asesores de la oposición llevan ocho meses refugiados en la residencia diplomática argentina. Ahora, la policía les está cortando los servicios básicos.
Varias de las principales figuras de la oposición venezolana, que tienen órdenes de detención, han estado escondidas durante más de ocho meses en la residencia diplomática argentina de la capital, Caracas, donde han pedido asilo.
Ahora, cuatro meses después de las cuestionadas elecciones presidenciales de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro declaró su victoria sin aportar ninguna prueba, las autoridades están cortando el acceso de la residencia a la electricidad, el agua y los alimentos, según Tomás Arias, abogado del grupo opositor.
Las seis personas desempeñaban diversas funciones clave para la oposición venezolana, entre ellas ayudar a organizar su campaña presidencial.
Las acciones de las autoridades venezolanas reflejan una intensificación de las medidas antagonistas del gobierno autocrático que, según los analistas, pretende transmitir un mensaje claro de que Maduro, cuya investidura está prevista para el mes que viene, tiene la intención de permanecer en el poder.
Maduro, quien según los analistas tiene un largo historial de amaño de elecciones a su favor, declaró su victoria ante Edmundo González, un diplomático que contaba con el respaldo de María Corina Machado, la popular líder opositora del país.
El presidente no ha divulgado las actas oficiales de votos para respaldar su afirmación, mientras que las que fueron publicadas por la oposición muestran que González fue el claro vencedor.
Las autoridades venezolanas ya han utilizado tácticas de intimidación. Desde las elecciones de julio, agentes de policía se han apostado periódicamente ante la residencia diplomática con chalecos antibalas y máscaras faciales, a veces cortando la electricidad pero luego restableciéndola.
La última vez fue en septiembre, días antes de que González saliera del país. Cuando se fue, los agentes se marcharon.
Algunos expertos afirman que esta vez las autoridades intentan obligar a Machado, quien también se encuentra en la clandestinidad, a exiliarse.
“Es un intento de enviar un mensaje claro de que nadie de la oposición está seguro en ningún lugar de Venezuela”, dijo Tamara Taraciuk Broner, experta sobre Venezuela del Diálogo Interamericano, organización de investigación de Washington.
Esta vez, la policía no solo está cortando la electricidad, sino que también está destruyendo los fusibles para que la residencia deje de estar conectada a la red eléctrica, dijo Arias, abogado del grupo. La policía también cortó el suministro de agua, impidiendo que los camiones cisterna y los repartos de alimentos accedieran a la residencia, añadió.
“Lo que se ha recrudecido es el tema humanitario”, dijo Arias. La policía, añadió, está “convirtiendo la embajada en una cárcel”.
El miércoles, el alto diplomático estadounidense Brian A. Nichols le pidió al gobierno de Maduro en una publicación en la red social X que permitiera que los seis “refugiados” pudieran abandonar el país y denunció las “tácticas hostiles”.
El gobierno venezolano no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios por correo electrónico y mensajes de texto. Diosdado Cabello, uno de los aliados más poderosos de Maduro, calificó las acusaciones de acoso hechas por la oposición como “una farsa” en su programa de televisión.
Los activistas solicitaron asilo en la residencia, situada entre las residencias diplomáticas de Rusia y Corea del Norte, después de que el fiscal general dictara órdenes de detención contra ellos en marzo.
Días después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela prohibió que Machado pudiera postularse a las elecciones presidenciales, y el partido de la oposición apoyó a González.
Estados Unidos y otros países, entre ellos Argentina, han reconocido a González como legítimo vencedor de las elecciones.
Días después de la votación, Maduro ordenó a los diplomáticos argentinos que abandonaran el país, y Brasil asumió la responsabilidad de la embajada.
El gobierno venezolano ha desatado una oleada de represión contra cualquiera que cuestione su victoria decla, deteniendo a unas 2000 personas y acusando a la mayoría de terrorismo. Los grupos de derechos humanos la han descrito como la campaña de agresión más brutal emprendida en Venezuela en las últimas décadas.
Aunque hubo un gran número de manifestantes tras las elecciones, la reacción del gobierno ha hecho que la mayoría de los venezolanos se muestre reacia a expresarse.
Una protesta convocada por la oposición el domingo pasado para exigir la liberación de los presos políticos tuvo una asistencia limitada.
Muchos de quienes acudieron se taparon los rostros. Algunos manifestantes dijeron que sus familiares encarcelados estaban enfermos y tenían pensamientos suicidas.
“No vamos a aceptar que nos entreguen solo cadáveres para enterrar”, dijo Diego Casanova, explicando que su hermano lleva cuatro meses encarcelado.
Machado también ha acusado a las autoridades de acosar a su madre con agentes armados encapuchados que se presentan en su casa de Caracas con las sirenas a todo volumen.
La legislatura nacional aprobó la semana pasada una ley que tipifica como delito punible con hasta 25 años de prisión el apoyo a las sanciones internacionales contra el gobierno.
Carlos Blanco, estratega de Machado, considera que el estrechamiento del cerco en torno a la residencia diplomática es una señal de desesperación del gobierno de Maduro.
“El apoyo a Maduro es realmente mínimo”, dijo. “Lo que le queda a Maduro es la represión pura y dura”.
Los activistas que se encontraban en el interior de la residencia diplomática declinaron ser entrevistados, alegando motivos de seguridad, pero en entrevistas con The New York Times poco después de las elecciones de julio, algunos describieron que vivían en un estado de ansiedad constante.
“Hoy estamos aquí”, dijo Claudia Macero, quien dirigió las comunicaciones del partido de Machado. “Mañana no sé dónde vamos a estar”.
Sin embargo, dijeron entonces que habían alcanzado una especie de paz al saber que, a pesar de la incertidumbre y la agitación, habían seguido su conciencia y habían hecho todo lo posible por restaurar la democracia en su patria.
“Si este es el precio que me toca pagar por hacer lo correcto”, dijo Pedro Urruchurtu, quien supervisó los asuntos internacionales de la campaña de la oposición, “pues aquí estoy”.
