Los defensores de dos iniciativas de ley advierten que infractores resocializados pueden ser útiles en sus comunidades
La libertad condicional es un derecho que otorga la ley a reclusos que cumplen buena parte de sus condenas y que demuestren cambios positivos durante su tiempo en la cárcel. Pero para cientos de internos que están privados de la libertad o que estuvieron detenidos en diferentes penales de Nueva York, como José Saldaña, eso se queda en letra muerta, por lo que este miércoles decenas de manifestantes se unieron en Manhattan, Long Island, Albany y Rochester para urgir que la Legislatura estatal apruebe dos piezas de ley que garanticen un trato justo que ponga fuera de las rejas a quienes cumplan con los requisitos y demuestren cambios con los que no representan ya un riesgo si son liberados. Los cambios ahorrarían además unos $522 millones anuales al Estado, que podrían ser invertidos en programas en comunidades.
Ese fue el llamado de la Campaña Popular por la Justicia en la Libertad Condicional, en la que líderes, políticos, defensores, exreclusos, abogados y familiares de internos detenidos exigieron al Senado y a la Asamblea de Nueva York que den vía libre a una iniciativa que busca considerar la libertad condicional, caso por caso, para reclusos de la tercera edad que hayan cumplido al menos 15 años de condena.
Asimismo instaron a Albany a aprobar el proyecto de “libertad condicional justa y oportuna”, que restablecería a la Junta de Libertad Condicional a su propósito original de evaluar la preparación de las personas para salir de prisión, en lugar de denegar la libertad condicional basándose únicamente o principalmente en sus delitos. La ley pretende proporcionar revisiones de libertad condicional más rigurosas para las personas encarceladas que ya son elegibles para la libertad condicional.
“Yo estuve 38 años en prisión. Entré a la cárcel cuando tenía 27 años y cuando ya tenía el derecho de pedir mi libertad condicional por el tiempo cumplido, mostrando cambios, teniendo títulos universitarios y haber hecho las cosas bien, me negaron el derecho en cinco ocasiones, durante 10 años, hasta que finalmente me lo concedieron cuando tenía 66 años” aseguró el latino José Saldaña, quien pidió que se aprueben lo más pronto posible las piezas de ley. “Es bien sabido que la Junta de libertad Condicional no está tratando los internos de manera justa sino con perfiles racistas viendo solo los delitos que se cometieron y no los cambios que la gente ha tenido por tantos años. La mayoría muestra evidencia con sus actos y estudios en prisión que ya no son riesgo para nadie, que han cambiado y que serán útiles a la comunidad, pero les siguen negando ese derecho”.
Carol Shapiro, ex comisionada de la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York, quien se sumó a la exigencia para que en el 2025 la Legislatura estatal dé luz verde a las leyes solicitadas, admitió que siendo parte del organismo que otorga libertades, vio de primera mano cómo le negaban la salida condicional de prisión a internos que habían transformado sus vidas sin reconocerles quiénes son hoy.
“Ese es el propósito fundamental de la libertad condicional: promover la rehabilitación y evaluar la preparación actual de las personas para ser puestas en libertad. No están condenados a cadena perpetua, pero se les da un castigo eterno que nada tiene que ver con la libertad condicional a la que tienen derecho”, aseguró la ex comisionada, agregando que latinos y negros llevan la peor parte.
“Lamentablemente, la forma en que funciona ahora deja pocas esperanzas para innumerables personas que han hecho todo lo imaginable para enmendar sus errores y prepararse para su liberación, porque los comisionados a menudo deniegan la libertad a personas basándose en lo único que no pueden cambiar, es decir, el delito por el que fueron condenadas. No podemos seguir permitiendo que las personas languidezcan tras las rejas sin ningún motivo”, agregó Shapiro.
Y es que de acuerdo a un informe del Centro sobre Raza, Desigualdad y la Ley de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, las disparidades raciales en las decisiones de liberación condicional en la actual administración estatal son mayores, pues si las tasas de liberación hubieran sido iguales a las de las personas blancas desde 2016, unos 3,656 internos hispanos y negros habría recibido la libertad condicional.
La asambleísta Amanda Séptimo reconoció que la batalla en la Legislatura será dura para que los proyectos vean la luz en momentos en que voces conservadoras ganan terreno, pero al mismo tiempo mencionó que senadores y asambleístas han ido comprendiendo mejor los aspectos positivos de ambas leyes.
“En estos años hemos visto que más legisladores ven que hablar de seguridad en las comunidades no es solo un asunto de policía sino también de recursos y revisión de sistemas, y aunque ahora que Trump ganó la Presidencia se hace más complicado, creo que a nivel estatal tenemos a más políticos viendo el sistema completo, lo que es buena señal”, aseguró la legisladora hispana aclarando que las piezas de ley no son un cheque en blanco para liberar a todos los reclusos, sino para que tengan el derecho a que se revise si se han rehabilitado y pueden obtener su libertad condicional, una vez cumplan con requisitos exigidos.
“No se trata de que toda la gente que ha durado presa la van a soltar, no. Se trata de darles la oportunidad para ver cómo van, qué han hecho, cómo han cambiado. No solo es ver el crimen que cometieron y por eso juzgarlos eternamente sino que hay que reconocer que cuando alguien va a la cárcel es una oportunidad de rehabilitarse, y esa debe ser la labor de la Junta de Libertad Condicional, analizar, y establecer cómo una persona ha cambiado desde cuando cometió el crimen, o ver si no ha cambiado, pero no puede ser juzgada para siempre por su peor momento”.
La senadora Julia Salazar, presidenta del Comité de Víctimas de Delitos y Correccionales, quien patrocina el proyecto de ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna, se sumó al llamado y criticó que durante demasiado tiempo, el Estado de Nueva York ha mantenido un sistema de libertad condicional demasiado punitivo haciendo que la Junta de Libertad Condicional a menudo ignore las pruebas claras de rehabilitación de los reclusos que califican para salir bajo libertad condicional.
“Con la Libertad Condicional para Adultos Mayores y la Libertad Condicional Justa y Oportuna ganando un amplio apoyo de los defensores de los sobrevivientes del delito, las organizaciones de derechos civiles, los fiscales de distrito y los defensores públicos por igual, así como de la mayoría de mis colegas en la Legislatura, creo que 2025 debe ser el año en que avancemos en la justicia de la libertad condicional, dando un paso crucial para lograr nuestra visión compartida de un Nueva York más seguro y más justo”, dijo la legisladora.
El senador Robert Jackson urgió a sus colegas en Albany para que avancen en la aprobación de ambos proyectos como una manera de hacerle justicia a reclusos que cambian sus vidas y desean ser útiles a la sociedad tras haber purgado sus penas.
“La verdadera justicia se basa en la redención y la humanidad. Al aprobar la libertad condicional para ancianos y la libertad condicional justa y oportuna, Nueva York puede afirmar su compromiso con la transformación en lugar de la condena, y la sanación en lugar del daño”, dijo el político del Alto Manhattan. “Es hora de actuar con valentía y aprobar estos proyectos de ley, honrando la redención y alineando nuestro sistema de justicia con los valores de la equidad, la seguridad y las segundas oportunidades”.
