La propuesta de Acceso a la Representación y la Equidad (CARE) plantea facilitar abogados a las comunidades indocumentadas que están en riesgo de ser removidas
Organizaciones y líderes electos de Nueva York siguen apurando una agenda que intenta contrarrestar el plan de deportaciones masivas, que la entrante Administración Trump ha convertido en la piedra angular de su gestión y podría ser una de las primeras grandes acciones a tomar una vez que retorne a la Casa Blanca.
Este martes, desde el Bajo Manhattan, una coalición de defensores relanzó la campaña por el Acceso a la Representación y la Equidad (CARE), una legislación que fue sometida hace cinco años que garantizaría más fondos para proveer servicios legales a las familias migrantes que corren el riesgo de ser removidas del país.
La propuesta legal que está siendo patrocinada por la asambleísta de Queens, Catalina Cruz, aspira que se destinen el próximo año $165 millones para extender acciones de representación legal a quienes están en riesgo de entrar en el aro de la política federal que se ha planteado remover en los próximos meses a más de 1.5 millones indocumentados.
Aunque líderes republicanos de Nueva York han insistido que la nueva era de Trump pondrá su mira en los inmigrantes que tiene antecedentes criminales y representan un riesgo para la seguridad nacional, la asambleísta Cruz esgrime que si no se avanzan en algunas protecciones podrían terminar removiendo a personas que simplemente no pudieron renovar un beneficio migratorio, se les negó una aplicación o faltaron a una cita en la corte.
“La pregunta sobre a quiénes deportarán primero solamente la puede responder el presidente Trump. Nosotros no nos queda más que apostar a un incremento de los fondos para que familias de Nueva York, que incluso viven en zonas rurales apartadas, puedan tener la representación de un abogado”, enfatizó la legisladora colombiana.
Cruz recordó que sin haber sido aprobada esta legislación, durante los últimos años se han aprobado incrementos de fondos graduales para proveer a las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, recursos para financiar abogados.
Los fondos aumentaron de $10 millones a $65 millones.
Este anteproyecto apoyaría a personas que sin tener una orden de deportación y no tienen ningún record criminal, puedan navegar en posibilidades reales de salir de las sombras de la ilegalidad, sin ser víctimas de estafadores.
“A la Constitución de este país no le importa quién es el Presidente. A la Constitución no le importa qué partido está al frente. A la Constitución no le importa si usted llegó aquí hace cinco minutos o hace 50 años. La Constitución tiene como objetivo protegernos a todos”, espetó la asambleísta Cruz, quien representa a Jackson Heights, Corona y Elmhurst, uno de los mayores ejes de familias indocumentadas del país.
La ventaja de tener un abogado
Esta campaña está siendo promovida por el Instituto Vera de Justicia Vera y la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC).
Si la legislación se aprueba generaría estabilidad a largo plazo en los servicios legales de inmigración de Nueva York, pues se establecería un derecho a la representación universal, lo que significa que a cualquier persona en riesgo de deportación que no pueda pagar un abogado se le proporcionará uno.
“Lo que está en juego no podría ser mayor: detención en instalaciones peligrosas, separación familiar permanente y deportación a condiciones inseguras”, destacan los activistas.
Contar con un abogado que represente a alguien en los procedimientos de deportación, hace una enorme diferencia. De acuerdo con un balance de NYIC: el 60% de los inmigrantes no detenidos que cuentan con abogados ganan sus casos, frente al 17% que no cuentan con asistencia jurídica.
“Un acto de justicia”
Además, se ha ponderado que los inmigrantes detenidos con representación legal, tienen diez veces más probabilidades de ganar sus casos, en comparación con los que carecen de asistencia legal, y siete veces más probabilidades de ser liberados que los que no cuentan con la asesoría de un jurista.
Por su parte la ecuatoriana Aurora González, con 36 años en el país, se unió a esta petición, motivada por lo que denomina un “acto de justicia por sus hermanos”.
“Yo resolví mi estatus migratorio, luego de haber pasado la frontera con México. Y estoy convencida que la mayoría de las familias migrantes, que viven aquí en Nueva York son gente trabajadora y honesta, que no representan un peligro para nadie. Me uno de corazón a esta exigencia, de que protejan a estas comunidades con abogados, con asistencia, con información”, aseveró.
El presidente electo Donald Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Si bien ha brindado pocos detalles sobre cómo su administración lograría este objetivo, ha adelantado que declarará una emergencia nacional y que invocará como la Ley de Insurrección como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Record de deportaciones:
4,4 millones de repatriaciones, expulsiones en la frontera y deportaciones del gobierno de Joe Biden, ya son más que cualquier otro mandato presidencial, desde la administración de George W. Bush, pondera el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
