El Estado dejó de percibir más de 171 millones de pesos debido a exoneraciones de impuestos irregulares otorgadas a General Supply Corporation, la investigación de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas, a solicitud del Ministerio Público, presentó una auditoría que expone múltiples irregularidades en los contratos 361-2016, 558-2017 y 559-2017 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), vinculados al caso de supuesta corrupción conocido como operación Antipulpo.
La investigación señala que dichos contratos, otorgados a la empresa General Supply Corporation, propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, se adjudicaron sin procesos de selección ni autorización presidencial, además de carecer de registros en la Contraloría General de la República.
Estairy Pérez, supervisora de la auditoría de la Cámara de Cuentas, detalló durante el juicio de fondo que no se hallaron documentos que evidenciaran un proceso de selección adecuado ni la validación correspondiente para la adjudicación de los contratos.
«No obtuvimos evidencia de que se realizaran las pruebas de calidad al producto adquirido. El Estado podría haber recibido bienes de calidad inferior, lo que podría generar un deterioro inminente», declaró.
Asimismo, se constató que no se emitieron certificados de calidad ni ensayos de verificación de los insumos, lo que comprometía la transparencia y el control del cumplimiento contractual.
Comercio irregular de derivados del petróleo
Otra de las irregularidades señaladas fue la comercialización de derivados del petróleo por parte de la empresa de Alexis Medina, pese a no contar con la licencia requerida por ley.
Según Pérez, la empresa no presentó evidencia de certificación para operar en ese sector, una omisión que representa una violación a las disposiciones legales.
Impacto financiero para el Estado
El informe también destaca que el Estado dejó de percibir más de 171 millones de pesos debido a exoneraciones de impuestos irregulares otorgadas a General Supply Corporation en procesos de importación.
Pérez explicó: «Ninguna institución del Estado puede adjudicarse la exoneración de impuestos, pero en este caso, Obras Públicas solicitó y otorgó esa prerrogativa».
