El organismo concluyó consulta del Artículo IV con el país
Prevé que la economía dominicana crecerá 5 % al cierre del 2024
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer la consulta del Artículo IV con la República Dominicana, en el que reconoció el impacto positivo que tendrá la recién promulgada ley de responsabilidad fiscal para las finanzas públicas, pero enfatizó en la necesidad de una «imperiosa» reforma fiscal.
El organismo internacional hizo públicos sus resultados un día después de que el presidente Luis Abinader anunciara que el Poder Ejecutivo presentará la reforma del gasto público y eficientización de las instituciones la próxima semana.
Las medidas, que forman parte de una reforma fiscal, deben ser complementadas con una reforma tributaria que se propondrá «más adelante».
«Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales -mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva- y mejore la eficiencia del gasto, sobre todo, con una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas», plantearon los directores ejecutivos del FMI en sus conclusiones.
Indicaron que, de esta manera, se creará el espacio que se necesita para el gasto en desarrollo, que deberá incluir la construcción de infraestructuras resilientes a los desastres naturales, para así promover un crecimiento más inclusivo en el país.
La implementación de estas y otras reformas potenciales -como la educativa y la laboral- contribuiría a mitigar los riesgos que podrían impactar el desempeño de la economía dominicana en un mediano plazo, la cual proyectan cerrará con un crecimiento de 5 % a finales del 2024.
Responsabilidad fiscal
El FMI reconoció que las autoridades dominicanas dieron «pasos importantes» con la promulgación – y esperada implementación- de una ley de responsabilidad fiscal que ancle las políticas a mediano y largo plazo para el sostenimiento de la deuda.
De acuerdo con el organismo, la deuda del sector público consolidado se ha situado por encima del 50 % respecto al PIB desde el 2019, y se proyecta que esta deuda ronde el 58.4 % en el 2024, 0.9 puntos porcentuales menos que en 2023 (59.3 %).
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«La consolidación fiscal gradual prevista por las autoridades, acorde con dicha ley, es adecuada para posicionar a la deuda en una firme trayectoria descendente y crear espacio fiscal», valoró.
La reforma tributaria
El Poder Ejecutivo prepara una reforma tributaria que suba las recaudaciones entre 1.5 % y 1.7 % del PIB -alrededor de 110,000 millones de pesos anualmente-.
Para lograrlo, el Gobierno ejecutará medidas que simplifiquen el régimen tributario, amplíen la base impositiva y reduzcan la informalidad, según informaciones extraoficiales obtenidas por Diario Libre. A mayores ingresos estatales, las autoridades tendrán un mayor gasto de capital para construir infraestructuras y servicios públicos, garantizando también más financiamiento para reducir el déficit fiscal.
Esta reforma buscaría impactar, tanto al Estado, como al sector productivo y los hogares, de manera que abarcará acciones para manejar el gasto público, los impuestos y su recaudación.
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Recomendaciones
El organismo señaló que, a corto plazo, las autoridades monetarias deben seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica y financiera, lo que incluye aumentar la flexibilidad del tipo de cambio, ampliando el uso de mecanismos de cobertura y limitando las intervenciones cambiarias a los choques que pudieran presentarse en el mercado cambiario, lo que «mejoraría aún más la eficacia del régimen de metas de inflación».
Consideró la recapitalización del Banco Central como una de las prioridades que también deben ser tomadas por el Gobierno, a fin de reforzar la autonomía de la entidad monetaria local librándola de su deuda cuasi fiscal.
En lo que respecta al sector financiero, recomendó mantener un monitoreo cuidadoso ante la posibilidad de que presenten «tasas de interés más altas por más tiempo y repuntes del crecimiento del crédito».
Asimismo, propuso la adopción de políticas de adaptación y mitigación climática para apoyar el crecimiento económico inclusivo y resiliente, así como seguir avanzando hacia la consolidación de reformas en materia educativa, laboral y eléctrica.
