Desde el principio de la investigación, Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declarará como testigo el 30 de julio en la investigación judicial contra su esposa por presunta corrupción y tráfico de influencias, en un caso que ha debilitado políticamente al mandatario socialista.
El juez a cargo del caso contra Begoña Gómez se desplazará al «Complejo Presidencial de la Moncloa» para tomar declaración «como testigo a Pedro Sánchez Pérez Castejón, el próximo día 30 de julio», informó la corte en un comunicado.
Desde el principio de la investigación, Sánchez ha defendido la inocencia de su esposa en este asunto, que ha llevado a la oposición a intensificar sus críticas contra el Gobierno.
El anuncio del magistrado Juan Carlos Peinado se produce después de que el viernes Gómez acudiera al tribunal y se acogiera a su derecho a no declarar ante el juez, alegando que el procedimiento en su contra «carece de objeto alguno», según señaló su abogado Antonio Camacho.
Una decisión criticada por el conservador Partido Popular (PP), principal formación de oposición, pero también por la extrema derecha de Vox, que calificó el silencio de Gómez de «auténtico insulto a los españoles y un ataque al Poder Judicial», y solicitó al juez llamar a declarar a Sánchez para explicarse.
«Nadie está por encima de la ley«, señaló antes el portavoz del PP, Borja Sémper, quien lamentó que los españoles estén «avergonzados ante este escándalo permanente» del Gobierno.
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y ONGs, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también está siendo investigado.
Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió el lunes pasado ante el juez haberse reunido con la esposa de Sánchez cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia del presidente del gobierno.
El empresario, que recibió cartas de recomendación de Gómez para participar en licitaciones por valor de varios millones de euros, aseguró, sin embargo, que esos encuentros se limitaron a tratar temas de innovación, según fuentes cercanas al caso.
El juez Peinado justificó en su auto la declaración de Sánchez señalando que en el delito de tráfico de influencias es necesario examinar «la posible relación de la persona investigada con una autoridad».
De todas maneras, Sánchez podría negarse a declarar ya que por ley en España una persona puede declinar testificar contra su cónyuge.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. Una segunda asociación, Hazte oír, se sumó posteriormente a la causa.
La Guardia Civil entregó al tribunal dos informes concluyendo que no hubo irregularidades por parte de Gómez, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo del expediente.
Cuando se conoció la investigación a finales de abril, Sánchez sorprendió a todo el país al anunciar que estaba considerando renunciar. Finalmente, después de tomarse cinco días para reflexionar, decidió quedarse en el poder.
Desde entonces, reitera su denuncia de una estrategia de «acoso y derribo» contra su Gobierno de izquierda llevada a cabo por «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista», apoyados por la oposición.
Patxi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, lamentó este lunes «la cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer» de Sánchez, «porque es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha».
«La verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará», vaticinó el viernes pasado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
