Funcionarios electos se unieron a la coalición CARE for Immigrant Families, proveedores de servicios legales y solicitantes de asilo en Nueva York para apoyar una inversión de $150 millones en servicios legales para inmigrantes.
Esta inversión es fundamental para ayudar a garantizar que las familias permanezcan juntas y que los recién llegados tengan los recursos necesarios para luchar en su caso de inmigración y obtener acceso a permisos de trabajo.
Los defensores también pidieron la aprobación de la Ley de Acceso a la Representación (ARA), el primer proyecto de ley en el país que establecería el derecho a un abogado en los tribunales de inmigración, ampliando los mismos derechos de representación que ya están disponibles en los procesos penales. La ARA ha recibido el apoyo de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York, importantes sindicatos, 125 organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, y más de 100 funcionarios electos en todo el estado, incluida la Fiscal General Letitia James.
Los inmigrantes neoyorquinos que no pueden permitirse el lujo de contratar a un abogado se ven actualmente obligados a representarse a sí mismos en los tribunales, independientemente de su edad o sus habilidades lingüísticas, contra abogados gubernamentales capacitados.
Los estudios muestran que los inmigrantes con representación legal tienen 10.5 veces más probabilidades de obtener su derecho a permanecer en los Estados Unidos, lo que hace que sea más importante que nunca que los líderes legislativos financien servicios legales y ayuden a mantener intactas a las familias inmigrantes.
Con una acumulación estimada de 330,000 casos de inmigración pendientes en Nueva York, los legisladores deben priorizar el aumento de la capacidad de los proveedores de servicios legales y la inversión en infraestructura que brinde sostenibilidad a largo plazo a nuestro sistema legal.
Patrocinada por el senador estatal Brad Hoylman-Sigal y la asambleísta Catalina Cruz, la aprobación de la ARA ayudará a miles de neoyorquinos a permanecer en sus hogares con sus familias, contribuyendo a nuestra economía y esforzándose por alcanzar el sueño americano.
“Cada día, miles de inmigrantes en todo el estado enfrentan la posibilidad de ser deportados sin el debido proceso legal y sin una oportunidad significativa de ser escuchados. Eso se debe a que nuestro sistema de tribunales de inmigración no ofrece igualdad de oportunidades de justicia para las personas de bajos ingresos. Si no pueden pagar un abogado, se les deja luchar solos contra un complejo sistema de inmigración”, manifestó la asambleísta Catalina Cruz, del Distrito 39.
“La inmigración es una parte central de la historia de Nueva York, sin embargo, nuestros tribunales de inmigración están en un estado de desorden. Actualmente hay alrededor de 330,000 casos pendientes en los tribunales de inmigración del estado de Nueva York y menos de la mitad de esas personas tienen abogados que los representen. Esto es inaceptable, ya que va en contra del espíritu de la Sexta Enmienda y del derecho constitucional del Estado de Nueva York a tener un abogado. La necesidad de una inversión permanente en nuestro sistema de inmigración y en nuestro sistema legal de inmigración es ahora más necesaria que nunca”, expresó el Senador Brad Hoylman-Sigal.
“Los legisladores de Nueva York se han referido repetidamente al aumento en el número de inmigrantes que buscan asilo como una ‘crisis’, pero la única razón por la que esto es una ‘crisis’ es porque nuestro gobierno lo está convirtiendo en una”, mencionó Camille Mackler, Directora Ejecutiva, ARCO Inmigrante. “Nuestra administración estatal ha optado por responder a este momento poniendo a los proveedores de servicios legales en un ciclo interminable de respuesta rápida en lugar de financiar servicios legales de inmigración a largo plazo. Está claro que brindar acceso a servicios de inmigración a largo plazo es la mejor manera de garantizar que los inmigrantes puedan obtener un estatus a largo plazo, autorización de trabajo y acceso a recursos que los incluyan en nuestra vida cultural, cívica y económica”, agregó la funcionaria.
