Un juez federal le ordenó a Texas retirar las barreras flotantes que desplegó en el río Grande y le prohibió al Estado la construcción de nuevas boyas o la ubicación de otras en el río, según una presentación judicial este miércoles, lo que representa una victoria para el Gobierno de Biden.
El juez David Alan Ezra ordenó a Texas levantar las barreras antes del 15 de septiembre.
Las boyas fronterizas han sido un asunto polémico de inmigración desde que se desplegaron en el río Grande como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador Greg Abbott en la frontera. En julio, el Departamento de Justicia demandó al estado de Texas por el uso de barreras flotantes, las cuales Abbott ha argumentado que tienen por objeto disuadir a los migrantes de cruzar al estado desde México.
En la demanda, presentada ante la Corte de Distrito de EE.UU. en el Distrito Oeste de Texas, el Departamento de Justicia argumentó que Texas y Abbott, republicano, violaron la Ley de Apropiación de Ríos y Puertos (RHA, por sus siglas en inglés) al construir una estructura en aguas de EE.UU. sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Por este motivo solicitó una orden judicial para prohibir a Texas construir barreras adicionales en el río.
Texas apeló rápidamente la orden del juez.
“Este fallo es incorrecto y será revocado en la apelación. Continuaremos utilizando todas las estrategias para asegurar la frontera, incluido el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública y la instalación de barreras estratégicas», dijo la oficina de Abbott en un comunicado. También agregó que el estado «está preparado para tomar esta lucha hasta la Corte Suprema de Estados Unidos”.
El juez Ezra escribió que Abbott necesitaba permiso para instalar las barreras, como dicta la ley.
«El gobernador Abbott anunció que no estaba ‘pidiendo permiso’ para la Operación Lone Star, el programa contra la inmigración bajo el cual Texas construyó la barrera flotante. Por desgracia para Texas, un permiso es exactamente lo que exige la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables de la nación», escribió en su fallo.
Ezra también consideró «poco convincente» el argumento de autodefensa de Texas, según el cual las barreras se instalaron ante una invasión.
«Este argumento fracasa porque (1) la RHA ya ha sopesado los intereses políticos y ha determinado que el interés de la nación en la libre navegación de sus vías navegables es supremo frente a la acción estatal no autorizada, y (2) si el reclamo de Texas de ‘invasión’ es legítimo es una cuestión política no justiciable que se ha confiado demostrablemente a las ramas políticas federales», escribió.
CNN se puso en contacto con el Departamento de Justicia y con el estado de Texas para obtener sus comentarios.
La secretaria de Justicia adjunta, Vanita Gupta, declaró en un comunicado posterior a la orden que el Departamento de Justicia está «satisfecho de que el tribunal haya dictaminado que la barrera era ilegal y perjudica irreparablemente las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los funcionarios de las agencias federales en el río Grande y sus alrededores».
El Departamento de Justicia había interpuesto la demanda después de que Abbott dijera que no ordenaría la retirada de las barreras flotantes del río Grande, desafiando la petición del departamento días antes.
Ezra escuchó los argumentos en el caso el mes pasado, durante el cual el Departamento de Justicia se centró en su afirmación de que las barreras violaban la ley federal, sino también en el papel de las boyas en el deterioro de las relaciones con México, que ha expresado su preocupación con las barreras «inhumanas» y afirmó que se sitúan en parte en el territorio del país.
Texas, por su parte, mantiene que tiene autoridad constitucional para desplegar las barreras flotantes. Ezra pidió en algunos momentos que los abogados del estado se centraran en las boyas y no se adentraran en otras cuestiones como el fentanilo y la inmigración ilegal en general en la frontera sur de Estados Unidos.
El Estado se enfrenta a otra demanda sobre las barreras, interpuesta a principios de julio por el propietario de una empresa de Texas de canoas y kayak que opera en el río Grande.
