El sistema de Encarcelamiento para la Protección Pública establecía la pena de prisión indefinida para quienes hubieran cometido algún tipo de delito grave. Una relatora denuncia que estas sentencias “crueles, inhumanas y degradantes” provocan graves daños psicológicos a los reclusos, que además no cuentan con programas de rehabilitación.
Una experta de la ONU en torturas ha pedido al Gobierno británico que revise urgentemente las penas de prisión indefinida en virtud del sistema de Encarcelamiento para Protección Pública (IPP por sus siglas en inglés), ampliamente desacreditado y ahora abandonado.
«La angustia, la depresión y la ansiedad causadas por este régimen son graves para los presos y sus familias», afirmó Alice Jill Edwards, *relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
A finales del año pasado, casi 2900 personas seguían cumpliendo condenas por este sistema que se aplicaba a delincuentes que representaban un riesgo significativo para la población hasta que se consideraba que dejaban de ser peligrosos.
Un reciente informe parlamentario británico puso de relieve los importantes daños psicológicos que sufren estos presos, entre los que se incluyen altos niveles de autolesiones, intentos o ideas de quitarse la vida y suicidios reales. Según los informes, estos reclusos tienen dos veces y media más probabilidades de autolesionarse que la población penitenciaria general. Desde 2021, 65 de ellos se han suicidado.
La experta de la ONU explicó que para muchos de estos reclusos “estas sentencias se han convertido en crueles, inhumanas y degradantes”. “Han sido reconocidas por sucesivos gobiernos del Reino Unido e incluso calificadas de indefendibles por un ministro de Justicia; sin embargo, persisten”, denunció.
Más de 8700 condenados
Las condenas IPP, de duración indeterminada, fueron dictadas por los tribunales de Inglaterra y Gales entre 2005 y 2012. Cuando se introdujeron por primera vez, eran obligatorias en todos los casos de condena por un «delito grave», que incluía más de 50 crímenes específicos. Esto hizo que más de 8700 personas fueran condenadas en virtud de este régimen. Sin embargo, cuando se dejó de usar, las penas no se cancelaron de forma retroactiva.
«El Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para garantizar oportunidades de rehabilitación a todos los afectados, así como el acceso a reparaciones adecuadas y apropiadas», declaró Edwards.
La experta, que se ha comunicado con el gobierno británico junto con otros relatores, subrayó que el programa viola principios básicos de justicia imparcial y Estado de derecho. Quienes han sido puestos en libertad, pero permanecen bajo el régimen de la IPP, pueden volver a ser detenidos en cualquier momento.
«Como norma general, las condenas indeterminadas deben utilizarse con moderación y sólo para los delitos y delincuentes más graves», afirmó la experta. «La imposición de penas debe evaluarse individualmente, teniendo en cuenta todos los factores relevantes».
Edwards añadió que durante años ha habido recursos insuficientes e inadecuados para gestionar eficazmente a los presos, y que pocos han tenido acceso a los programas de rehabilitación necesarios para reducir su peligrosidad.
«Sin estas salvaguardias, nos quedamos con el desastre que es el sistema de IPP del Reino Unido, donde se retiene a las personas sin poder demostrar que merecen ser puestas en libertad. Por tanto, no es de extrañar que muchos presos del IPP se encuentren en un estado mental mucho peor que en el momento en que fueron condenados», concluyó.
* Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, forma parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.
Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Este comunicado de prensa ha sido suscrito por: Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Priya Gopalan (Presidenta-Relatora), Ganna Yudkivska (Vicepresidenta de Seguimiento), Miriam Estrada-Castillo, y Mumba Malila – Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
